El juez Pedraz interrogará hoy a la alcaldesa de Lizartza como testigo y al imputado por amenazarla

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tomará hoy declaración como testigo a la alcaldesa de la localidad guipuzcoana de Lizartza, Regina Otaola, y al simpatizante de Acción Nacionalista Vasca (ANV) al que la regidora acusó de proferir amenazas en su contra durante la izada de las banderas en el Ayuntamiento de la localidad, el pasado mes de septiembre, informaron fuentes jurídicas. El joven acudirá en calidad de imputado.

El magistrado también ha citado hoy a los dos ertzainas responsables de la elaboración del atestado sobre el incidente.

El Ministerio Público entiende que lo sucedido puede enmarcarse en el delito tipificado en el artículo 577 del Código Penal, referido a amenazas proferidas por personas no pertenecientes a banda terrorista, pero en cuyo ánimo está subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública.

La Fiscalía considera que la Audiencia Nacional es plenamente competente para juzgar estos hechos como solicitó el Juzgado de Tolosa donde se cursó la denuncia de la edil, que pidió inhibirse en favor de este tribunal que será el que instruya finalmente el caso.

Otaola (PP) presentó el 7 de septiembre una denuncia por las amenazas de muerte recibidas a cargo de un simpatizante de ANV que se manifestaba en frente del Ayuntamiento de la localidad durante la izada de la bandera española, la enseña del municipio y la ikurriña, a la que la nueva corporación municipal del PP procedió en cumplimiento de la Ley.

"VAS A MORIR"

La alcaldesa manifestó que, mientras se hallaba en el balcón de la fachada del edificio consistorial, algunos de los manifestantes, cerca de dos docenas, les llamaron "de todo" y, en un momento dado, uno de los allí congregados se dirigió a ella y le dijo: "Vas a morir". La persona que profirió las amenazas fue identificada por agentes de la Policía Autonómica que procedieron a su detención.

La juez de Tolosa encargada de instruir las amenazas de muerte acordó inhibirse en favor de los Juzgados de la Audiencia Nacional al considerar que los hechos se encuadraban en un delito de terrorismo, cuya investigación compete a estas dependencias judiciales. La investigación recayó por reparto en el Juzgado del que es titular Pedraz.