Publicado 09/02/2022 11:17

El juez del 'Popular' insiste y pide el informe sobre la financiación concedida en la ampliación de capital de 2016

Archivo - Entrada a la Audiencia Nacional en el momento en el que dos miembros del ente público ICM han sido testigos sobre la supuesta financiación ilegal del PP madrileño en ‘Púnica’, a 7 de octubre de 2021, en Madrid, (España). La Fiscalía Anticorrupci
Archivo - Entrada a la Audiencia Nacional en el momento en el que dos miembros del ente público ICM han sido testigos sobre la supuesta financiación ilegal del PP madrileño en ‘Púnica’, a 7 de octubre de 2021, en Madrid, (España). La Fiscalía Anticorrupci - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dado un plazo de siete días a los peritos designados por el Juzgado para que le remitan el informe sobre la financiación concedida por el Banco Popular a clientes durante la ampliación de capital de mayo de 2016.

En un auto del pasado viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 ha dejado claro que los expertos "han dispuesto de tiempo suficiente para estudiar" los ficheros informáticos del Banco Santander relacionados con la citada financiación del ya extinto Popular.

Según el magistrado, los peritos "están en condiciones de elaborar un informe relativo a la posible financiación otorgada por el Banco Popular a determinados clientes para la suscripción de acciones en la ampliación de capital del año 2016".

Esta decisión del juez llega después de que acordase ampliar seis meses más la investigación sobre la quiebra de la entidad por "el carácter extraordinariamente complejo de los hechos" y por las diligencias que aún quedan pendientes de practicar.

En ese mismo auto, Calama puntualizaba que aún resta por finalizar la investigación sobre la posible financiación a clientes que participaron en la ampliación de capital del Popular en 2016 además de una batería de declaraciones que están pendientes.

DECLARACIONES CLAVE

En concreto, el magistrado se refería a los interrogatorios de los inspectores de los supervisores bancarios (Banco de España y Banco Central Europeo) previstos para el 24 de febrero y el 3 de marzo en aras de "esclarecer aspectos relevantes relacionados con una probable infradotación de provisiones en el balance" de la entidad.

El juez considera que la declaración de Manuel Caro resulta clave en tanto que fue jefe del equipo de inspección continuada que supervisó el Banco Popular, entre noviembre de 2013 y el 3 de noviembre de 2014 desde el Banco de España. Posteriormente, una vez que la supervisión de la entidad pasó a ser dirigida por el BCE a partir del 4 de noviembre de 2014, Caro ocupó el cargo de subcoordinador del equipo de inspección continuada.

"Por tanto, su testimonio puede ayudar a esclarecer ciertas cuestiones que están siendo objeto de investigación en la presente causa, tales como la existencia de un déficit oculto de provisiones en la cartera de créditos refinanciados, la operativa del denominado entramado de THESAN, así como una política de tasaciones inadecuada, especialmente en crédito promotor, con incidencia igualmente en las provisiones. Obviamente, el señor Caro nos podrá aportar datos sobre la gobernanza del Banco Popular en materia de riesgo de crédito", justificaba el magistrado en el auto de su citación.

En cuanto a la de Jesús Fernando Martínez Usano, Calama apunta que habría sido el jefe de equipo en dos misiones que se realizaron desde el BCE, y que tenían como objetivo verificar la correcta clasificación contable y la dotación de provisiones de una muestra de 100 prestatarios reestructurados o refinanciados seleccionados con un criterio determinado así como la correcta clasificación contable una cartera de activos adjudicados en pago de deudas.

Adicionalmente, aún están a la espera de ratificación de dos informes periciales presentados por los peritos del Banco de España; uno relativo al denominado entramado Thesan y otro relacionado con la corrección de las valoraciones de los activos adjudicados al Banco Popular y los que se dieron en garantía de operaciones en activo, por su impacto en las provisiones.

En esta causa, el magistrado investiga dos fases del proceso de resolución del Popular: las presuntas irregularidades contables de la entidad en 2016, con la ampliación de capital, y las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.

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