ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)
El Juzgado de los Contencioso-Administrativo número 2 de Sevilla ha ratificado la multa impuesta por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra a través de la Junta de Gobierno Municipal de 450.758,922 euros a la entidad Ponedoras Alcalá S.A. por la parcelación de una finca en suelo no urbanizable en 29 participaciones.
Según indicó el Consistorio alcalareño en un comunicado, los terrenos están valorados en 300.000 euros y la venta de los mismos se cerró en 601.012 euros.
En este sentido, y según informó el Ayuntamiento, la sentencia considera probado que, "aunque la empresa no realizó ninguna construcción, su intención fue la de propiciar un núcleo de población", y aclara que la ley prohíbe la realización de parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable.
A esa conclusión llegó el dictamen tras conocer que Ponedoras Alcalá S.A. sí dividió el terreno en lotes de 1.000 metros cuadrados para su venta a terceros y construyó incluso un vial principal y dos viales secundarios, además de un muro perimetral y conducciones de agua potable.
Ante estas circunstancias, la sentencia consideró que "la edificación fue la consecuencia ineludible de la parcelación llevada a cabo". Además, se estimó por parte del Ayuntamiento que "la multa no fue nada desproporcionada y se ajustó a la infracción, considerada como muy grave por la ley".
Según el artículo 214 de la Ley Ordenación Urbanística de Andalucía, la multa en estos casos debe oscilar entre el 40 y el 80 por ciento del valor de los terrenos afectados por las parcelaciones. Mientras que el artículo 202.3 de la LOUA cita que cuando el importe de la multa sea inferior al 150 por ciento del beneficio obtenido deberá incrementarse hasta alcanzar el importe de 450.000 euros.
Por su parte, el Ayuntamiento de Alcalá se mostró "satisfecho" con esta decisión judicial. De hecho, dijo seguir realizando expedientes por los distintos núcleos de poblaciones ilegales --por estar en suelo no urbanizable-- dentro de su término, cinco de los cuales han pasado por el pleno de hoy.
Así, el responsable municipal de Servicios Territoriales, Rafael Chacón (PSOE), afirmó que "esta sentencia añade un paso más a la lucha contra las construcciones ilegales, atacando su origen y supone una apuesta responsable en disciplina urbanística".
"La política de disciplina urbanística en el Ayuntamiento de Alcalá está apoyada por todos los grupos políticos sin ningún tipo de reservas desde hace años, por considerarse ésta fundamental para el desarrollo sostenible de la ciudad", argumentó Chacón.