El juez Ruz pide al Gobierno que conceda la residencia al preso marroquí presuntamente torturado en Guantánamo

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha pedido al Gobierno que conceda el permiso de residencia temporal y, si procede, el de trabajo al preso marroquí Lahcen Ikassrien, que presuntamente fue torturado en la base estadounidense de Guantánamo entre 2002 y 2005 y actualmente se encuentra en situación de arraigo en España, informaron fuentes jurídicas.

El magistrado se ha dirigido a la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, y a la de Inmigración y Emigración, que forma parte de Trabajo, para que "valoren la oportunidad" de realizar estas concesiones a Ikassrien a fin de que pueda personarse como perjudicado en la causa que se ha abierto en el Juzgado Central de Instrucción número 5.

Ruz ha adoptado esta decisión después de que el pasado 25 de febrero el Pleno de la Sala de lo Penal se declarara partidario de investigar las supuestas torturas que Ikassrien habría sufrido en la base militar estadounidense. De esta forma, desestimaba un recurso de la Fiscalía, que considera que la Audiencia Nacional no es competente para investigar estos hechos, y avalaba un auto dictado en octubre de 2009 por el juez Baltasar Garzón en el que admitía a trámite una querella presentada por la defensa de Ikassrien.

Con esta medida el magistrado instructor da por bueno el auto suscrito por la mayoría de la Sala de lo Penal, que aún no se ha publicado porque se está ultimando el voto particular discrepante, y ratifica su competencia para instruir este procedimiento.

Según las citadas fuentes, la concesión de los permisos de residencia y trabajo a Ikassrien permitiría sortear la paradoja de que Ikassrien pudiera ser expulsado del país por encontrarse en situación irregular durante el periodo en el que se investiguen unos hechos de los que habría sido víctima.

NO ERA COMPETENTE, SEGÚN EL FISCAL

El fiscal Vicente González Mota recurrió la apertura de la investigación por parte de Garzón, al entender que los hechos no se ajustan a los supuestos contemplados en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece que la justicia española es competente para investigar delitos de genocidio, terrorismo y lesa humanidad si se acredita que los supuestos responsables están España, existen víctimas de nacionalidad española, se constata "algún vínculo de conexión relevante con España" y no se han iniciado otros procedimientos en países competentes o en un tribunal internacional.

Según la mayoría del Pleno, la "conexión relevante con España" que exige la ley se cumple con la residencia y el arraigo que posee Ikassrien. Este nuevo criterio, opuesto al que defendió el primer ponente, Fernando García Nicolás, será recogido en la nueva ponencia, que cuenta con el respaldo por la mayoría de los 18 integrantes del Pleno de la Sala.

Además, el representante del Ministerio Público alegaba que los hechos contenidos en la querella admitida por Garzón eran "esencialmente coincidentes" con los investigados en un procedimiento instruido en el Juzgado Central de Instrucción número 6.

Su titular, Eloy Velasco, acordó este miércoles el sobreseimiento provisional de la causa contra seis altos cargos de la administración de George W. Bush que sentaron las bases legales para la creación de la prisión de Guantánamo, después de que Estados Unidos informara al magistrado de que existen varios procedimientos abiertos al respecto en este país.

CAUSAS PARALELAS

En enero de 2010 Garzón admitió a trámite una querella presentada por la Asociación Pro Dignidad de los Presos y Presas de España, la Asociación Libre de Abogados (ALA), Izquierda Unida (IU) y la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) contra seis miembros de la Administración del ex presidente estadounidense George W. Bush que pusieron las bases legales para la creación de Guantánamo.

Garzón, que fue suspendido en sus funciones el 14 de mayo de 2010, unió esta causa a unas diligencias que tenía abiertas para investigar las torturas que habrían sufrido cuatro presos de Guantánamo, entre ellos Ikassrien. Los otros tres eran Hamed Abderraman Ahmed, conocido con los alias de 'Hamido' y el 'talibán español', el palestino Jamil Adullatif El Banna y el libio Omar Deghayes.

Los dos primeros comparecieron el 15 de febrero de 2010 ante Garzón que fueron torturados bajo la autorización del general Geoffrey D. Miller, que fue comandante de la cárcel entre noviembre de 2002 y agosto de 2003. Los cuatro presos se enfrentaron en España a la acusación de pertenencia a organización terrorista aunque ninguno fue condenado por este delito.

Las asociaciones presentaron la misma querella ante Garzón en abril de 2009, aunque ésta finalmente recayó por reparto en el juez Eloy Velasco. Antes de decidir si la admitía o no a trámite, el magistrado cursó una comisión rogatoria a Estados Unidos para preguntar si la creación de la cárcel de Guantánamo estaba siendo o no investigada en este país y para que, en el caso de que existiera una causa sobre estos hechos, le concretara qué autoridad la estaba tramitando.