El juez de 'Tándem' cita esta semana a cinco testigos en relación al proyecto que hizo Villarejo para los Pérez Maura

MADRID 16 May. (EUROPA PRESS) -

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha citado esta semana a cinco testigos en el marco de la pieza separada número 4 del caso Tándem, pieza 'Pit'.

Así, el 19 de mayo declararán desde las 10.00 horas la directiva en diferentes navieras María Ángeles Reyes Barranquero, al directivo de la empresa naval TCB Paul Duponcheele y al abogado Bernd R. Mayer. El jueves 20 será el turno de la abogada y CEO del despacho holandés 'Runes Movement' Susanne Marston y el viernes comparecerá el consultor experto en compliance Alexander Ghazvinia.

Todos ellos declararán en relación con la pieza en la que se investiga el proyecto del comisario José Manuel Villarejo por el que habría facturado 7,4 millones de euros a los hermanos navieros Ángel y Álvaro Pérez Maura para frenar la extradición del primero a Guatemala.

Cabe recordar que por una causa que se sigue contra el naviero en Guatemala, ese país solicitó a España su entrega en 2016 acusado de pagar sobornos de hasta 30 millones de dólares a altos funcionarios del país, incluido el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, para conseguir la adjudicación de una infraestructura en Puerto Quetzal.

Según la tesis de los investigadores, en abril de aquel año los Pérez Maura recurrieron a un abogado de su confianza, Enrique Maestre, para que intentase buscar una solución. Él acudió a Adrián De La Joya, ya conocido en la Audiencia Nacional porque está imputado en el caso de corrupción Lezo y a quien Hacienda describió en un informe como un negociador de la alta sociedad.

"MILLONCITOS A PACHAS"

De la Joya, amigo íntimo de Villarejo desde los años 80, recurrió al comisario, que entonces seguía en activo, para que aprovechase, en palabras del juez, la "oportunidad de negocio" por el que ambos se embolsarían "a pachas" una "serie de milloncitos" que pagaría Ángel Pérez Maura a cambio de que evitaran su detención y extradición a Guatemala, "a sabiendas de la condición policial" del primero y "de la capacidad de influencia" de ambos en la Audiencia Nacional.

Los importes según los audios que obran en la causa se fijaron en dos reuniones a finales del mes de abril y también intervino el socio de Villarejo y abogado Rafael Redondo. Acordaron que De la Joya "participaría directamente de las ganancias obtenidas" y que ostentaría una "posición dominante como negociador principal en la fijación de los honorarios a recibir".

Se trataba de facturar 120.000 euros al mes para gastos de despacho porque habría que "tocar a muchísima gente". "Esto no se te va a ir nunca más allá de diez millones al éxito, para que lo sepas, porque algo de dinero tendremos que ganar nosotros también porque le vamos a dedicar muchísimo tiempo: ¿Lo tienes claro?", decía Villarejo a De la Joya en una de las conversaciones intervenidas. "Lo tengo claro. Adelante. Esa conversación la voy a tener así en esos términos", contestaría él.

PÉREZ MAURA NO FUE EXTRADITADO

La causa abierta en la Audiencia Nacional en 2016 se archivó en dos ocasiones porque Guatemala no remitía los papeles necesarios para cursar la entrega de Pérez-Maura. En este sentido, el instructor destaca en un auto que De la Joya ostentó "un papel fundamental en la trama internacional tendente a evitar la entrega" y "muy especialmente para evitar el proceso penal en Guatemala, destacando su papel con personas arraigadas en los Estados Unidos".

El procedimiento se reabrió definitivamente en 2018, cuando Pérez-Maura se negó a ser extraditado y la Audiencia Nacional dictó una sentencia por la que rechazaba entregarle a Guatemala dada su condición de ciudadano español, aunque abría la puerta a que fuese juzgado en España por los delitos que allí se le imputaban. El caso lo pilotó la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Finalmente, las empresas de Villarejo y Redondo se embolsaron 7,4 millones de euros en concepto de retribución por los "ilícitos servicios contratados", un dinero que después se distribuyó "para efectuar pagos a mercantiles vinculadas a terceras personas relacionadas con el proyecto 'Pit', para el mantenimiento de la estructura societaria investigada (...) o para realizar transferencias a otras cuentas de las mismas sociedades y otras cuyo titular real es Villarejo", según explicaba un auto del juez. Llegó incluso a comprar acciones con aquellos fondos.

La Fiscalía Anticorrupción, que se ha hecho cargo tanto de esta causa como de la abierta en Guatemala, les imputa delitos de cohecho, cohecho internacional, tráfico de influencias, falsedad documental, encubrimiento, blanqueo de capitales y organización criminal, este último a De La Joya y Villarejo.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado asumir la causa abierta por las autoridades de la República de Guatemala contra el naviero Ángel Pérez Maura a los efectos de concluir la fase de instrucción y en su caso su posterior enjuiciamiento.

Precisamente el pasado mes de abril García-Castellón acordó en un auto asumir la causa abierta por las autoridades de la República de Guatemala contra el naviero Ángel Pérez Maura a los efectos de concluir la fase de instrucción y en su caso su posterior enjuiciamiento. El Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala le imputa delitos de asociación ilícita, fraude y cohecho.