La jueza pide una comisión rogatoria sobre las operaciones de la empresa a la que Ignacio González compró su ático

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La titular del juzgado de Instrucción número Cinco de Estepona, Mariana Peregrina, ha solicitado una comisión rogatoria a un banco británico para conocer las operaciones de la empresa 'Coast Investors' a la que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González compró su ático de Marbella el pasado diciembre. Esta decisión se produce a instancias de la denuncia presentada por el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) que cree que el presidente regional compró este ático en 2008 a través de esta sociedad con sede en Delaware (EEUU).

En una providencia fechada el pasado 18 de marzo la jueza acuerda "librar Comisión Rogatoria (que previamente deberá ser remitido al Gabinete de Intérpretes adscrito a este juzgado para que procedan a traducción al inglés) al Banco 10560 LLOYDS TBS BANK PLC de Londres, a fin de que informe sobre el último beneficiario de la cuenta corriente que obre a nombre de 'Coast Investors LLC', titulares o autorizados de la misma, así como de sus movimientos contables de origen o destino a España, con indicación de las cuentas o destinatarios".

Fuentes de la investigación han informado a Europa Press que la remisión de esa comisión rogatoria procedente de Reino Unido podría demorarse en torno a un año.

Según esta providencia recogida por Europa Press, la jueza también pide al Centro Operativo de Extranjero del Banco Popular a fin de que remitan todas las operaciones que consten en realizadas por 'Coast Investors LLC' y Rudy Valner Sod. Este nombre es el que figura como responsable de la citada empresa. Se trata de un ciudadano de nacionalidad mexicana con residencia en California y que fue quien, según Gónzalez, le vendió el ático el pasado 18 de diciembre.

Estas peticiones fueron solicitadas por el SUP en su denuncia presentada ante este juzgado el 22 de octubre de 2012 y en virtud de la cual la jueza abrió diligencias previas tres días después porque "los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal". Ya el pasado 9 de enero el Juzgado solicitó a la Delegación Provincial de la Agencia Tributaria "toda la información fiscal que posean sobre la entidad 'Coast Investor LLC'".

GONZÁLEZ DICE QUE LA COMPRÓ EN DICIEMBRE

Según el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, la compraventa de este inmueble ubicado en la urbanización Alhambra del Golf, Fase III, en Estepona (Málaga), tuvo lugar el pasado 18 de diciembre de 2012 y figura como dueño anterior la empresa Coast Investors LLC, con domicilio registral en Estado de Delaware (EEUU).

Así consta en la escritura de compraventa, facilitada por la Dirección General de Medios del Gobierno regional a instancias del propio presidente madrileño, después de que el dirigente anunciase que compró el piso que antes había tenido alquilado.

En el documento, se recoge que Coast Investors, por medio de su representante, Rudy Valner, vende y transmite a González y su mujer la vivienda que compran y adquieren en un 80 por ciento, por parte de María Lourdes Cavero, economista, y en un 20 por ciento, el propio González, que figura como funcionario. Ambos están casados bajo el régimen económico matrimonial de separación absoluta de bienes.

El precio de la compraventa fue de 770.000 euros, desglosado en 722.000 euros la vivienda, 13.000 euros cada una de las plazas de garaje y 3.000 cada uno de los tres trasteros. En cuanto a los medios de pago, González abonó el mismo día de la compra un total de 741.000 euros mediante una transferencia internacional.

'COAST INVESTORS' PIDE EL ARCHIVO

En su última providencia la jueza acepta la personación de 'Coast Investors LLC' en el procedimiento y da traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la petición de archivo solicitada por esta empresa. Por su parte, la jueza también ha dado traslado al Ministerio Público sobre la petición de personación como acusación popular del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid.

Los socialistas argumentan que "habida cuenta que los presuntos delitos que se investigan podrían tener conexión con actividades y/o decisiones tomados en razón del cargo que ostenta o de los que ha ostentado en el pasado interesa sobremanera en calidad de representantes de los ciudadanos, poder ejercitar la acusación popular en el presente procedimiento.