MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
El juicio que comenzó ayer en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra cinco argelinos y un marroquí acusados de formar parte de una célula islamista radical que financiaba al Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) tendrá que empezar de nuevo, después de que una de las magistradas que compone el tribunal, Teresa Palacios, aceptara la recusación planteada por las defensas debido a que participó en la instrucción de la causa.
Además, la Sala, presidida por la magistrada Angela Murillo, deberá responder esta tarde a la petición de recusación contra los otros dos miembros del tribunal, que los letrados de la defensa argumentaron alegando que están "contaminados" por haber escuchado las declaraciones de los tres acusados --Fetthi Abdallah, Fares Merazka y Salah Edinne Berkoum-- que fueron interrogados durante la jornada de ayer.
Según explicaron los abogados, dado que se ha decidido recomenzar el juicio es necesario "una nueva Sala que no tenga ninguna contaminación y sin ningún antecedente sobre la causa" que deben juzgar. Señalaron que si las declaraciones de los tres procesados fueran diferentes de las realizadas ayer, aunque las preguntas fueran las mismas, sería un elemento "influenciable" para el tribunal.
La fiscal Teresa Sandoval rechazó las recusaciones y las atribuyó a un ejercicio de "mala fe", ya que tres de los procesados se encuentran en prisión provisional, cuyo límite máximo de cumplimiento, cuatro años, se alcanzaría el próximo mes de diciembre. La presidenta del tribunal, que comunicará a las 16.30 horas la decisión de la Sala, rechazó "de plano" las causas esgrimidas por las defensa para la recusación, que también situó en "una utilización de mala fe procesal".
SE REPETIRÁN TRES INTERROGATORIOS
En cualquier caso, el juicio deberá comenzar de nuevo y deberán repetirse los tres interrogotarios ya realizados. Además, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal deberá estudiar también de nuevo las peticiones que ya formularon ayer los abogados, quienes plantearon la nulidad de las actuaciones, ya que fueron designados la semana pasada y, sostienen, no han tenido tiempo ni siquiera para leerse los más de 13.000 folios de la causa.
El primero acusado en declarar fue Fetthi Abdallah, alias 'Luigi', quien aseguró no ser religioso, negó haber enviado dinero a Argelia con fines terroristas y aseguró que el terrorismo le parece "la cosa más asquerosa y grave".
Abdallah reconoció que habló acerca de robos con otro de los acusados cuando "era un pobre yonqui", pero explicó que se "retiró" de esta vida tras un problema en un brazo. Sobre los efectos que se encontraron en el registro de su casa, relató que era "bisutería" de su novia española. "Bueno, mi ex novia, porque por su culpa yo ya no tengo novia", afirmó.
Sobre el envío de 5.000 euros que realizó a Argelia, explicó que iba destinado a su madre, que estaba "muy enferma" y relató que se lo hizo llegar a través de dos amigos porque una transferencia bancaria resultaba muy complicada. Además, preguntó al tribunal si considera que "una persona que quiere mandar dinero a terroristas lo haría con su nombre y desde su cuenta.
La fiscal pide para los miembros de esta célula yihadista penas que van desde los ocho años a las doce años de cárcel por los delitos de integración en organización terrorista, falsedad en documento oficial y receptación con fines terroristas.
Los seis presuntos islamistas radicales --Fetthi Abdallah, Fares Merazka, Salah Edinne Berkoun, Abdelkader Yettou, Abdelfatah en Naji Chenaf y Lahouri Naoum Zenagui-- están acusados de formar parte de una organización terrorista que enviaba dinero, a través de transferencias bancarias, a la sección del GSPC que lideraba 'Abou Yahie el Haitam', "la más destacada en sus acciones sanguinarias" de todas las que integran el grupo salafista.Según el escrito de la Fiscalía, la célula se formó tras coincidir cuatro de ellos en la salmantina cárcel de Topas.
La denominada 'Operación Green' comenzó en diciembre de 2005 con la detención de siete personas, entre quienes se encontraban Fetthi Abdallah, Fares Merazka, Abdelkader Yettou y Lahouri Naoum Zenagui. Un mes después, en enero de 2006, se detuvo a Abdelfatah en Naji, alias 'El Checheno', mientras que Salah Edinne Berkoun, sobre quien pesaba una orden de búsqueda por esta operación, se entregó a la Audiencia Nacional en junio de ese mismo año.
Según explica en su escrito de conclusiones provisionales el Ministerio Público, la investigación comenzó después de que se detectara una serie de robos cometidos en el sur de España, especialmente en la provincia de Cádiz, que eran realizados "en tal forma que hacía pensar que eran ejecutados por las mismas personas y que podían responder a un entramado de financiación terrorista yihadista".