MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Justicia y Administración Pública, Evangelina Naranjo, pidió hoy el traspaso a las comunidades autónomas de las competencias sobre los funcionarios de Justicia y defendió un mejor uso de la tecnología y los sistemas informáticos judiciales para mejorar la Justicia.
Durante una ponencia en unas jornadas sobre la modernización de la Justicia, organizadas por el Club de Diálogos para la Democracia y celebrada en Madrid, la consejera abogó por profundizar en el traspaso autonómico de todas las competencias de ejecución y gestión en materia de personal al servicio de la Administración de Justicia.
Concretamente hizo referencia a la convocatoria de plazas y las pruebas de selección, incluida la aprobación completa de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), con las salvedades que procedan para garantizar la homogeneidad en el territorio español.
La responsable de Justicia andaluza considera que la Justicia ha experimentado un "mayor desarrollo" en aquellas regiones con las competencias transferidas, centradas básicamente en infraestructuras, sistemas tecnológicos y recursos humanos ya que, a su juicio, "cuanto más cerca se está del problema, más rápido y mejor se resuelve".
No obstante, Naranjo dejó claro que "no se trata de reivindicar 17 modelos de Justicia en cada una de las Comunidades Autónomas, sino todo lo contrario" y puso de manifiesto la complejidad que supone prestar un servicio tan plural y en el que intervienen tantos actores.
Durante su intervención, apostó por una "colaboración estrecha" entre todas las administraciones implicadas en la Justicia para poner en funcionamiento la interoperabilidad de los sistemas informáticos judiciales y contratar a los mejores profesionales al servicio de la Justicia. "Todos los poderes del Estado tenemos la obligación constitucional de poner en marcha las mejores soluciones y aportar los mejores recursos para ofrecerle a la sociedad española, y en mi caso a la andaluza, la Administración de Justicia que nos está demandando", señaló.
Así, demandó un mejor uso de las tecnologías de la información y la comunicación, como la compatibilidad de los sistemas informáticos judiciales, entre los que destacó la renovación técnica y funcional del programa Adriano para adaptarlo al nuevo modelo de Oficina Judicial.
Según sus palabras, el resultado será la implantación del expediente electrónico judicial, la consiguiente reducción progresiva del papel y la comunicación telemática de documentos entre la totalidad de los órganos y operadores judiciales.
Dentro de sus propuestas también se refirió a la potenciación de mecanismos alternativos para resolver conflictos a través de la desjudicialización de las reclamaciones de pequeña entidad o de índole administrativa; la articulación de un mecanismo uniforme bajo criterios objetivos para conseguir una fiable y única una estadística judicial y la implantación plena de la nueva Oficina Judicial.
