Juntas de Guipúzcoa reprueban el "acoso" y las detenciones por orden de Garzón a los empresarios extorsionados por ETA

SAN SEBASTIAN, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Juntas Generales de Guipúzcoa aprobaron hoy una enmienda transaccionada por PNV, EA, EB y Aralar, con la oposición de PP y PSE-EE, en la que reprueban la "situación de acoso" y las detenciones que por orden del juez Baltasar Garzón "ha sufrido el empresariado vasco, víctima de la amenazada y la extorsión de ETA".

En el texto, la Cámara foral manifiesta su solidaridad con las citadas víctimas y solicita al poder judicial que "respete el derecho a la presunción de inocencia que les es inherente". Además, insta a la administración pública a que "siga trabajando para que desaparezca para siempre la extorsión al empresariado vasco".

En su intervención, los portavoces de PNV y EA, proponentes iniciales de la propuesta, defendieron la presunción de inocencia y se refirieron a los casos de las detenciones por presuntos pagos del "impuesto revolucionario" a ETA de las empresarias de Orio Maribel y Blanca Bruño, del consejero delegado del grupo siderúrgico Sidenor, José Antonio Jainaga, y del empresario Jesús Guibert.

ACTUACION DE GARZON

El juntero nacionalista Asier Aranbarri consideró que "es imprescindible la colaboración de todos los extorsionados a la hora de investigar", aunque denunció que en los citados casos "se ha producido una intromisión fuera de lugar por parte del poder judicial, y del juez Garzón en particular".

A su juicio, "bastaba con citar a estas personas y no detenerlas como si fueran terroristas", al tiempo que denunció la "alarma social innecesaria" creada por el magistrado con esta medida para "obtener protagonismo social". De este modo, insistió en que "no se puede tratar a las víctimas como si fueran verdugos".

En la misma línea, el portavoz de EA, Luis Mari Ormaetxea, criticó que a las víctimas de la amenaza y la extorsión de ETA se les haya "tratado como malhechores" y que, en los casos citados, "se hayan convertido en víctimas dos veces" por parte de la banda terrorista y "por el poder judicial".

Ormaetxea consideró que evitar las vías de financiación de ETA es una "prioridad ética", aunque calificó de "inadmisible" que los empresarios sean considerados "cómplices" cuando ceden porque "han sido perseguidos y acosados y ahora, además, están bajo la amenaza de ser encausados". Asimismo, insistió en que "no se les puede pagar con esto que sigan trabajando en Euskal Herria".

Por su parte, el portavoz de EB, Mikel Izagirre, manifestó su solidaridad con todas las víctimas de la banda armada, al tiempo que consideró que la actuación con estos empresarios supuso una "injusticia" porque "se ha penalizado y criminalizado a personas que están siendo víctimas de la extorsión" y se les ha sometido a "un doble castigo".

En su opinión, estas personas lo que necesitan es "el arrope institucional y comprensión social" ante la amenaza y no "ser sometidas a una nueva presión política, judicial y mediática, que en el caso que estamos hablando fue promovida por el juez Baltasar Garzón con el beneplácito del presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero". Por lo que pidió a ambos que "garanticen el cumplimiento de la legalidad vigente y penalicen excesos judiciales".

La juntera de Aralar Rebeka Ubera, por su lado, denunció la "campaña mediática" por la que "desaparecía la presunción de inocencia" de estos empresarios y calificó de "increíble y surrealista" que, en el caso de las hermanas Bruño, fueran consideradas culpables "por pertenecer al ámbito de la izquierda abertzale". Además, criticó que "se haya juzgado públicamente a estas personas sin ninguna prueba".

"CORTAR LA FINANCIACION"

La portavoz del PP, Regina Otaola, manifestó su apoyo a los empresarios extorsionados, al tiempo que cuestionó que las actuaciones de "algunos jueces estrella", aunque respaldó la actuación judicial en estos asuntos. De este modo, insistió en que las condenas por sí solas "no sirven para nada" y reclamó que se actúe para "cortar todas las fuentes de financiación" de ETA.

Además, acusó a PNV y EA de "lavarse las manos" en estos asuntos y criticó que negocien los presupuestos con el PSOE para "sacar tajada" pero no presenten ninguna iniciativa para sacar a ANV de las instituciones.

Finalmente, el portavoz socialista, Miguel Buen, manifestó su "respeto" a la presunción de inocencia de estas personas y su apoyo a todos los empresarios "chantajeados y perseguidos". A su juicio, "esta cuestión sólo se solucionará derrotando definitivamente" a ETA e insistió que ésta es una "banda terrorista que no ejerce ninguna revolución". Además, lamentó que "en demasiadas ocasiones para quejarse o poner en cuestión la actuación de un juez determinado, algunos descalifiquen todo el sistema".