MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Justicia calcula que el objetivo de eliminar el papel de los Juzgados de las Comunidades Autónomas de su ámbito de actuación podrá alcanzarse de forma total en un plazo de seis meses a partir del próximo 1 de enero de 2016, fecha fijada por la Ley de Enjuiciamiento Civil para que las comunicaciones entre abogados, procuradores y tribunales se realicen por medios telemáticos.
Según han informado fuentes del Ministerio, Justicia trabaja con un calendario de varios niveles, que afectará a Castilla León, Castilla La Mancha, Murcia, Baleares, Extremadura, Ceuta y Melilla. También están implicados la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
El nivel básico, que establece las bases para que los letrados y procuradores puedan presentar sus escritos a través del actual sistema virtual, conocido como Lexnet, comenzará a funcionar el mismo 1 de enero, dentro de sólo un mes.
Los abogados y procuradores han comenzado a recibir --a través de sus Consejos Generales -- las tarjetas identificativas que les permitirán el acceso al sistema. Más de 70.000 de ellos ya las tienen en su poder.
En una segunda fase, el proyecto es la introducción de esta "revolución digital" en los propios Juzgados de forma que todos cuenten con un método de trabajo interno también digitalizado, denominado Sistema de Gestión Procesal. Esto implica que la tramitación de asuntos dentro de las propias dependencias judiciales se realice prescindiendo también del papel.
El Ministerio se ha fijado la fecha de 7 de julio de 2016 para alcanzar el nivel óptimo, último paso para eliminar el papel. Este paso supone que las resoluciones de los jueces --autos, providencias, sentencias-- sean validadas sin necesidad de estampar una firma física, mediante una digital.
Para ello, Justicia ha desplegado a lo largo de los últimos 10 meses distintas actuaciones que van desde la instalación de las herramientas físicas que harán el proyecto posible, como el software o las dobles pantallas de ordenador, hasta la formación de los profesionales afectados.
