MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Justicia está ultimando la normativa necesaria para aplicar la conocida como Ley de Memoria Histórica que prevé, entre otras cosas, la concesión de una declaración de reparación y reconocimiento personal para quienes padecieron persecución o violencia por razones ideológicas, políticas o religiosas durante la Guerra Civil y la dictadura.
De hecho, el Gobierno ha recibido ya varias peticiones para acceder a este reconocimiento, habiendo acusado recibo de las mismas a los potenciales beneficiarios. También ha empezado a tramitar, a través el Ministerio de Economía y Hacienda, las prestaciones económicas para este colectivo que es incluyeron en la citada ley ampliando y mejorando las que se concedían hasta ahora.
Además del Real Decreto que establecerá el procedimiento para otorgar esas declaraciones, Justicia está "trabajando intensamente" en la elaboración de la normativa que regulará la concesión de la nacionalidad española a los voluntarios que integraron las Brigadas Internacionales.
NACIONALIDAD DE HIJOS Y NIETOS DE EXILIADOS.
El Departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo también tiene "en fase avanzada de tramitación" el procedimiento para que puedan obtener la nacionalidad los hijos y nietos de los exiliados que perdieron o tuvieron renunciar a la nacionalidad española.
Así lo detalla el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria al coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, quien se interesó por el calendario para el desarrollo de la ley y por cuántas personas han solicitado la declaración de reconocimiento.
La Ley de Memoria Histórica, que entró en vigor a finales de 2007, también establece que se facilite el acceso a la consulta de los Libros de Actas de Defunciones de los Registros Civiles. A este respecto, el Ejecutivo recuerda que ya se ha creado la estructura y el funcionamiento del Centro Documental de la Memoria Histórica, que tiene su sede en Salamanca.
RETIRADA DE SÍMBOLOS.
En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno explica que hay una serie de actuaciones cuyo desarrollo no está sujeto a la aprobación de ningún reglamento, pero que, para aplicarse de forma efectiva, requieren de la cooperación entre las administraciones públicas.
Este es el caso, por ejemplo, de los aspectos relativos a la localización e identificación de víctimas, la elaboración del catálogo de vestigios y la retirada, en su caso, de escudos, insignias y placas de exaltación de la sublevación militar y la dictadura.
