MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno, consideró hoy que no es de su competencia y que, además, "sería una indelicadeza" entrar a valorar las palabras del fiscal jefe de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Manuel López Bernal, quien manifestó en una entrevista a un periódico murciano la percepción de que la corrupción entre el funcionariado era elevada.
Campo respondió de esta manera a la pregunta interpuesta por el senador del Grupo Parlamentario Popular (GPP) Agustín Conde Bajén, que cuestionó las declaraciones del fiscal murciano ya que, según aseguró, suponen "hacer ver al ciudadano" que todas las instituciones públicas "están actuando corruptamente". Eso lo puede hacer "cualquier irresponsable", pero no un fiscal que es, precisamente, "quien debe perseguir" esa corrupción, explicó.
En este sentido, el secretario de Estado recordó al senador 'popular' que el Ministerio Fiscal "es un órgano de relevancia constitucional integrado, con clara autonomía funcional, dentro del Poder Judicial" y que, además, es "una autonomía reforzada en el 2007 con el nuevo Cuerpo Normativo del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal".
Además, dijo que creía que "no es ámbito competencial del Ministerio de Justicia" y sería "una indelicadeza", incluso, "entrar a valorar las declaraciones del fiscal superior" de la Comunidad de Murcia. "La posición del Gobierno es clara: frente a la corrupción, tolerancia cero", defendió.
El Gobierno "no va a cejar" en su lucha contra los corruptos y buscará "todas las fórmulas posibles para aniquilarlos", dijo antes de añadir que, en esta línea de desarrollo, "se ha potenciado la Fiscalía Anticorrupción", que en el año 2004 contaba con diez funcionarios y ahora cuenta "con más del triple".
Asimismo, valoró el "acuerdo contra el blanqueo de capitales" aprobado por el Consejo de Ministros y la aprobación, el pasado 13 de diciembre, de la "reforma del Código Penal que afectará a más de 130 artículos", argumentó.
Por su parte, Conde Bajén reprochó al secretario de Estado su negativa a pronunciarse sobre las declaraciones del fiscal murciano al considerar que "lo lógico" es que el Gobierno "pueda opinar de lo que hace cualquier fiscal en cualquier parte del territorio español". También denunció que, con este tipo de declaraciones, se contribuye "muy poco" a llevar el mensaje de que "quien la hace la paga", a la vez de que se destruye "el principio de inocencia" por el que debe regirse la Justicia.
