Archivo - El exasesor ministerial Koldo García y su abogada Leticia de la Hoz a su llegada al Tribunal Supremo, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo
MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
El exasesor ministerial Koldo García ha presentado un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo que supone su último intento para tratar de frenar el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas y que se derive a la Audiencia Nacional (AN).
Con el incidente de nulidad, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Koldo pide que se anule de forma "radical" el auto de la Sala de lo Penal que rechazaba sus alegaciones y las del exministro José Luis Ábalos en la audiencia preliminar celebrada en febrero de cara al juicio, que comenzará el próximo 7 de abril en el Supremo y se extenderá hasta finales de mes.
"Y en consecuencia se acuerde la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a dictarse dicha resolución", demanda, al considerar que "se han violado sus derechos constitucionales fundamentales".
Entre ellos, la abogada Leticia de la Hoz cita, entre otros, el derecho a la tutela judicial efectiva, al juez ordinario predeterminado por la ley o a la prueba pertinente.
La defensa de Koldo acusa al Supremo de "ignorar el devenir material de la causa en favor del rigorismo de los plazos" al rechazar su alegación sobre la "pérdida sobrevenida de competencia" del alto tribunal para juzgar el caso después la renuncia al acta de diputado de Ábalos a finales de enero y la ausencia de aforamiento.
A su entender, "la solución jurídicamente ortodoxa y respetuosa con los derechos fundamentales, una vez desaparecida la condición de aforado de Ábalos, no es retener el enjuiciamiento en el Tribunal Supremo, sino acordar la inhibición y remisión íntegra de la causa a la Audiencia Nacional, devolviendo así el conocimiento del asunto al juez ordinario predeterminado por la ley".
LA NO RECUSACIÓN DE SÁNCHEZ MELGAR
También critica en el escrito que no saliera adelante su petición para recusar al magistrado Julián Sánchez Melgar por haber sido fiscal general del Estado a propuesta del PP, cuando es un "procedimiento con una fortísima carga política", en el que se investiga a un exministro y a su asesor de un partido determinado (PSOE)".
"El hecho de que uno de los magistrados juzgadores haya ocupado la cúspide del Ministerio Fiscal a propuesta del partido político rival (Partido Popular), el cual además actúa como origen de las denuncias y actúa de portavoz de la acusación popular, destruye la apariencia de imparcialidad ante el acusado y la sociedad", indica.
Según su defensa, que Koldo sea juzgado por este magistrado (además de otros seis), vulnera su derecho a un tribunal que ofrezca "garantías suficientes para excluir cualquier duda legítima sobre su neutralidad política".
"Un observador objetivo, no aquejado de corporativismo, apreciaría que el nombramiento de Sánchez Melgar por un gobierno apoyado por el partido que ejerce aquí la acusación es motivo suficiente para entender quebrada la apariencia de imparcialidad", apostilla.
Además, la letrada señala que se les ha obligado "a litigar en otro tribunal", la AN, para poder abrir pruebas que les van a "incriminar" en la vista oral del Supremo y, por tanto, "a entrar al juicio oral ejerciendo una auténtica 'defensa a ciegas'".
La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 y medio para Koldo y 7 para Aldama, que ha reconocido la acusación. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor --ambos en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre--, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el fiscal.