Los LAJ avisan de que tras el 23J exigirán que el Gobierno en funciones apruebe el acuerdo que puso fin a la huelga

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) han lamentado este miércoles que el Gobierno no llevara al último Consejo de Ministros antes del 23 de julio el acuerdo que puso fin a una huelga de dos meses, y que contempla una subida salarial de hasta 450 euros mensuales, si bien han advertido de que desde el mismo día 24 volverán a exigirlo, avisando también de que "paralelamente" acudirán a la vía judicial para que lo pactado se cumpla.

En un comunicado, el Colegio Nacional de LAJ, la Asociación Independiente de LAJ y la Unión Progresista de LAJ han lamentado que "en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones, celebrado ayer, el Gobierno de España no haya dado cumplimiento al acuerdo que firmó con los letrados el 28 de marzo".

A su juicio, "ese acuerdo, que puso fin a una huelga indefinida de más de dos meses", "no ha sido cumplido por una decisión política y electoralista, al no existir ningún obstáculo legal ni de ningún otro orden para ello".

Por ello, dicen que toman nota "del incumplimiento y de la falta de respeto al Estado de Derecho y a la seguridad jurídica", anunciando que exigirán que "a partir del día 24 de julio se continúen los trámites legales para su aprobación por el Gobierno en funciones".

No obstante, las tres asociaciones firmantes avanzan que, "paralelamente", acudirán "de manera inminente a la vía judicial para que el acuerdo se cumpla".

Además, indican que, "con independencia de lo que ocurra el próximo domingo, es evidente que urge pasar página a la desastrosa gestión del Ministerio de Justicia durante esta legislatura, y relevar a unos responsables ministeriales más preocupados estos días en 'autolaurearse' otorgándose medallas que en cumplir con la palabra dada y con la lealtad y honestidad institucional que debería presumírseles".

La semana pasada, el extinto comité de huelga de los LAJ envió una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le instaban a que diera cumplimiento del acuerdo antes de las elecciones generales del 23 de julio. En la misma línea se pronunciaron tres asociaciones judiciales (AJFV, JJpD y FJI) y la totalidad de asociaciones fiscales (AF, UPF y APIF) sobre el acuerdo firmado con Justicia y Hacienda para ambas carreras.

CONFLICTO EN JUSTICIA

Cabe recordar que estos acuerdos son fruto del conflicto laboral desatado en la administración de justicia a raíz la huelga que los LAJ comenzaron en enero y concluyeron en marzo tras conseguir, entre otras cuestiones, una subida de hasta 450 euros brutos al mes.

Durante ese periodo, y según los datos de las asociaciones convocantes, se suspendieron unos 356.000 juicios y vistas, quedaron paradas unas 424.000 demandas y se mantuvieron parados en las cuentas de consignaciones hasta 1.280 millones de euros.

Posteriormente, jueces y fiscales amenazaron también con ir a la huelga si Justicia y Hacienda no se sentaban a la mesa de negociaciones. Tras ello, lograron cerrar su propio pacto en mayo, obteniendo también una subida salarial de hasta 450 euros mensuales, además de otras cosas.

En el ínterin, el 17 de abril, los funcionarios de la administración de justicia iniciaron su propia huelga indefinida para conseguir mejoras laborales de toda índole, también retributivas. En su caso, se celebraron tres reuniones pero sin que llegara a haber oferta económica por parte del Gobierno.

Los funcionarios suspendieron la huelga el pasado 4 de julio, después de que desde el Ejecutivo se les trasladara que hasta la constitución de los nuevos gobiernos --tanto central como autonómicos-- surgidos del 23-J y el 28-M no podrían negociar, según fuentes ministeriales consultadas por Europa Press.

En cifras absolutas, el acuerdo con los LAJ representó un importe total de unos 22,7 millones de euros para los 4.000 miembros de este colectivo, mientras que el cerrado para los 8.000 jueces y fiscales ascendió a 46,7 millones de euros. Ambas cantidades quedan por debajo de los 200 millones de euros que reclaman los funcionarios para las 45.000 personas que conforman el cuerpo.