Torra se expone a una sanción de hasta 3.000 euros y podría acabar ante la Justicia por un delito de desobediencia
MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Junta Electoral Central (JEC) retomará este lunes la polémica de los lazos amarillos y las 'esteladas' después de que el presidente de esa comunidad, Quim Torra, haya desobedecido su orden de retirar estos símbolos de los edificios de la Generalitat y ante la petición de Ciudadanos de que se tomen medidas ante este incumplimiento.
El pasado lunes, la JEC dio 48 horas a Torra para proceder a retirar las 'esteladas' y los lazos amarillos de los edificios y espacios públicos atendiendo así una petición registrada por Ciudadanos, que se quejaba de la exhibición de símbolos ideológicos o partidistas, algo prohibido por el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
En su resolución, el organismo encargado de velar por los procesos electorales argumentaba que la ley prohíbe que los poderes públicos tomen partido en las elecciones y que tanto el lazo amarillo por los presos del proceso independentista como la bandera 'estelada' son "símbolos partidistas utilizados por formaciones electorales concurrentes a las elecciones" del próximo 28 de abril.
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN NO VALE PARA LOS GOBERNANTES
Sin embargo, al cumplirse las 48 horas dictadas por la JEC, el presidente de la Generalitat presentó el miércoles un escrito avisando de que no retiraría los símbolos independentistas de las fachadas públicas alegando que respeta "el derecho fundamental a la libertad de expresión de los empleados públicos". La JEC ya argumentó que la libertad de expresión no es aplicable a los gobernantes, que deben ser neutrales en periodo electoral.
Con su decisión Torra y otros altos cargos del Gobierno catalán se exponen a la apertura de un expediente por parte de la JEC que puede derivar en multas de 300 a 3.000 euros, y de hecho Ciudadanos, que fue quien reclamó la retirada de los símbolos del independentismo, ya ha denunciado a Torra ante el organismo arbitral por su incumplimiento.
Y se abre también otra vía, la penal, si la JEC aprecia indicios de que se ha cometido un delito de desobediencia y pone los hechos en conocimiento de la Fiscalía para que abra una investigación. Ciudadanos ya lo hizo este viernes denunciando en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el incumplimiento de Quim Torra.
El PP, por su parte, presentó otra denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra Torra, al que acusa de un delito de denegación de auxilio a requerimiento de autoridad competente --penado con la suspensión de cargo público entre 2 y 3 años-- por negarse a retirar las 'esteladas' y lazos amarillos de los edificios públicos. En su escrito, los 'populares' sicitan que se abra investigación y se lleve el asunto a la Audiencia Nacional por ser la JEC alta autoridad.
EL PRECEDENTE DE SEIS MESES DE INHABILITACIÓN
Hay un precedente por un hecho similar, el caso de la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montserrat Venturós, de la CUP, que fue condenada en 2018 a seis meses de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público y a una multa de 540 euros, la mínima atribuible a un delito de desobediencia, por haberse negado a descolgar una bandera 'estelada' colocada en el balcón del ayuntamiento durante las elecciones autonómicas y generales de 2015.
Tanto las alegaciones de Torra como el escrito de denuncia del partido naranja serán estudiados este lunes por los miembros de la Junta Electoral Central, aunque dos de ellos se inhibirán, como ocurrió el pasado lunes con la resolución original.
Se trata de los magistrados Luciano Varela y Ana Ferrer, que además de pertenecer a la JEC forman parte del tribunal que juzga a los políticos independentistas procesados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Su idea es apartarse de cualquier cuestión que guarde relación con el procedimiento judicial.
El tema quedará, por tanto, en manos de los otros trece integrantes de la JEC: los cinco catedráticos propuestos a principios de legislatura por PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos y los otros seis jueces del Tribunal Supremo que fueron en su día elegidos por sorteo.
A las reuniones de la Junta Electoral que se celebran en el Congreso, asisten también otras dos personas como miembros natos, pero sin voto, el presidente del Instituto Nacional de Estadística y director de la Oficina del Censo Electoral, Juan Manuel Rodríguez Poo, y el secretario general del Congreso, Carlos Gutiérrez Vicén, que ejerce como secretario del organismo.
