Lerma (PSOE) acusa al PP de "librar una batalla política" en la renovación de los magistrados del TC

Europa Press Nacional
Actualizado: lunes, 17 diciembre 2007 12:56

Vindel (PP) replica que la Constitución "no habilita" estos nombramientos MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Mientras el portavoz del grupo socialista en el Senado, Joan Lerma, afirmó hoy que "la batalla política que libra el PP es que las Comunidades Autónomas no puedan proponer" magistrados en el Tribunal Constitucional, la portavoz del PP en el Senado, Rosa Vindel, aseguró que la "Constitución no habilita estos nombramientos" y que se trata de una "iniciativa completamente descabellada".

Joan Lerma subrayó en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, que el "problema" en el Tribunal Constitucional es que "de acuerdo con el PP las Comunidades Autónomas no podrían proponer magistrados" al Alto Tribunal.

Para el senador socialista el principal partido de la oposición ha mantenido una actitud "de intentar retrasar" la reforma del reglamento del Senado, que permite a las Comunidades Autónomas proponer candidatos, de entre los cuales la Cámara elegirá cuatro magistrados.

"En el caso concreto de la designación de los miembros del Senado, la batalla política que libra el PP es que las Comunidades no puedan proponer, porque eso es lo que tiene el PP recurrido al Tribunal Constitucional", indicó.

Asimismo, el también ex presidente de la Generalitat Valenciana, considera que "no se produce una alineación total" y que, a su juicio, "muchas veces es una simplificación" hablar de magistrados del sector progresista y del sector conservador porque, según dijo, "al final las sentencias no salen con esa división".

"Lo cierto es que no se produce una alineación total en ese sentido porque ha habido magistrados de uno u otro signo que han votado la resolución y otros que han recurrido", aseveró en alusión al nuevo Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

"INICIATIVA COMPLETAMENTE DESCABELLADA"

Por su parte, la senadora 'popular' Rosa Vindel replicó que su partido "no para" ningún proceso y explicó que la Constitución "no habilita los nombramientos para el Tribunal Constitucional a las Comunidades Autónomas". De este modo, tildó la reforma del reglamento del Senado de "descabellada" y, que, en su opinión, "no ha servido para nada" al grupo socialista en la Cámara Alta.

"No ha servido para nada porque cada vez que ha sido reformado el reglamento del Senado los propios Parlamentos autonómicos han dicho a la Mesa del Senado que no pueden proceder a la elección o a la propuesta de esos magistrados, puesto que los textos que rigen su vida parlamentaria no prevén esa posibilidad", subrayó.

Además, acusó al Gobierno de iniciar la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), "sin contar con el principal partido de la oposición por primera vez en casi 30 años de democracia"."Normalmente cuando se reforma el reglamento del Senado se hace con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios, en este caso, el PSOE prefirió soslayar al grupo popular y seguir adelante con una iniciativa completamente descabellada", remarcó.

Para Vindel el PSOE "no tiene ninguna voluntad" para llegar a un consenso y prefiere "pactar con cualquier otro partido antes que con el PP". Por ello, afirmó que "no se lamente porque no se llegan a acuerdos y porque los órganos constitucionales quedan bloqueados". Además, señaló que en su opinión "no ocurre absolutamente nada" si los magistrados del Alto Tribunal estén en funciones".

A partir de hoy, y según ha anunciado el Senado, hasta el mes de abril, un tercio de los magistrados del Tribunal Constitucional estarán en funciones al cumplirse sus mandatos y no haberse renovado la institución. La reforma de la LOTC, entró en vigor el pasado 26 de mayo, y dispuso que las Comunidades Autónomas puedan proponer candidatos a la Cámara Alta. Sin embargo, las asambleas regionales necesitaban más tiempo para reformar sus propios reglamentos y la Mesa del Senado, ante la proximidad de la disolución de las Cortes Generales, decidió suspender a principios de diciembre el plazo dado a los Parlamentos autonómicos.

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