El líder de AUGC que organizó la manifestación de uniforme denuncia "una farsa" para expulsarle de la Guardia Civil

PALMA DE MALLORCA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ex secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) Joan Miquel Perpinyà acudió hoy a declarar a la Comandancia del Instituto Armado de Palma y a su salida afirmó que los hechos por los que se le ha abierto un nuevo expediente disciplinario -negarse a someterse a un reconocimiento médico- son "radicalmente falsos", por lo que denunció que la cúpula de la Guardia Civil haya tramado "una farsa" contra él con el objetivo último de expulsarle del Cuerpo.

Perpinya era el máximo responsable de la AUGC cuando ésta convocó una gran manifestación en Madrid a la que acudieron unas 10.000 personas, 3.000 de ellas agentes de uniforme, que reclamaban la aprobación de las medidas de modernización del Cuerpo que el PSOE había incluido en su programa electoral. Un total de 21 responsables de la asociación fueron expedientados, aplicándose la sanción mayor contra Joan Miquel Perpinya.

En declaraciones a Europa Press, el asesor jurídico nacional de AUGC y abogado de Perpinyà, Mariano Casado, señaló hoy que durante la comparecencia, su cliente criticó una "desviación de poder", así como un "fraude de ley" en el uso de la potestad disciplinaria, lo que en su opinión pone de manifiesto que el fallo o resultado del expediente "ya está predeterminado" y "todo apunta" a que culminará con la pena "más grave", que es la expulsión del Cuerpo.

Durante la media hora que duró la declaración, el ex secretario general se sometió únicamente a tres preguntas del comandante auditor-instructor del expediente disciplinario, un militar enviado desde Madrid, ante quien recalcó lamentó que esta sanción sea la "puntilla" del proceso al que se ha enfrentado en los últimos meses, después de que el 10 de diciembre de 2007 se le suspendiese de empleo y sueldo por su participación en un manifestación llevada a cabo en Madrid.

En palabras del letrado, Perpinyà ha sido quien ha simbolizado "la lucha por los derechos y libertades" de los guardias civiles, y criticó que la apertura del expediente responda, en su opinión, a la pretensión de "hacerle pasar factura". "En la cúpula de este cuerpo todavía hay grandes resistencias a que se aplique una nueva Ley de Régimen Disciplinario con absoluta normalidad", manifestó el abogado.

"La intención de la Guardia Civil es cobrarse a Perpinyà", incidió Casado, quien aseveró que, en caso de que finalmente se decida la expulsión del ex secretario general, recibirá un "fuerte respaldo a nivel jurídico así como desde la AUGC". Tras la declaración de Perpinyà, resta la tramitación de diligencias por parte del instructor del caso mientras que en unos 20 días se irán conociendo los resultados del expediente.

Por su parte, desde la AUGC consideran que esta nueva "actuación represiva" constituye una "venganza en toda regla", ahora que se acercaba el final de la sanción que Perpinyà está cumpliendo -la suspensión de empleo y sueldo- y "persigue su expulsión del cuerpo por acumulación de faltas disciplinarias". "Se pretende perseguir y castigar de este modo tan barriobajero y despreciable la brillante trayectoria de nuestro líder asociativo", remarcaron.

En esta misma línea, aseveraron que el parte elevado a la Dirección General por parte de la Jefatura de la Comandancia de Baleares constituye un "completo despropósito y una clara persecución", ya que "de ningún modo se prueba que haya cometido infracción alguna y mucho menos que se haya negado a someterse a reconocimiento médico, acto al que ni siquiera se le ha citado legalmente".

NEGATIVA A SOMETERSE AL RECONOCIMIENTO

Fue el pasado 22 de septiembre cuando dos Agentes del Servicio de Información procedieron a notificar al ex secretario general la orden de incoación por parte del director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, de un expediente disciplinario por falta muy grave del artículo 24.7 de la Ley de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, "ante la negativa a someterse a reconocimiento médico, legítimamente ordenada por la autoridad competente, a fin de constatar la capacidad psicofísica para el servicio".

En cuanto a la suspensión de empleo y sueldo, por participar en una manifestación que el 20 de enero de 2007 concentró a más de 3.000 agentes uniformados en Madrid, la sanción se encuentra recurrida ante la jurisdicción contencioso-disciplinario-militar.