ERC, IU e ICV celebran un acto de repulsa a esta modificación un día antes de que sea aprobada por el Pleno de la Cámara Baja
MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
El diputado de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, acusó hoy al Gobierno socialista de haber pactado la limitación de las competencias de España en la persecución de delitos internacionales "por encargo de Israel", razón por la que culpó al Ejecutivo de "plegarse" a las presiones de los países poderosos y pactar con el PP una "legislación a la carta".
Llamazares censuró esta reforma como "una legislación encargada fundamentalmente por el Gobierno del Israel y bajo presión del Gobierno de Israel al Ejecutivo español", al que criticó por "aceptar esa presión modificando su legislación a la carta". "De alguna manera se cambia aquello del 'no a la guerra' por 'sí a la impunidad'", añadió durante una jornada de defensa de la Jurisdicción Universal organizada por el grupo parlamentario ERC-IU-ICV, apoyada por varias ONG y celebrada en la Cámara Baja.
Según dijo, "da la impresión de que hasta ahora se podía investigar a gobiernos del tercer mundo, pero que cuando se ha llegado a gobiernos con poder a nivel internacional el Gobierno del PSOE se pliega y hace que los Derechos Humanos funcionen para unos y no para otros".
Para el ex dirigente de IU, "no tiene ninguna argumentación lo que hace el Gobierno, que lo hace además con el PP y de manera vergonzante, que es acabar realmente con el respeto y la jurisdicción en materia de Derechos Humanos sea quien sea el gobierno que los vulnere". "Es una vergüenza, creo que ésta se podría llamar la ley de la vergüenza porque se hace de manera oscura y de tapadillo en el Congreso", añadió.
En ese sentido, Llamazares consideró "determinante" la llamada telefónica que realizó el pasado enero la ex ministra de Exteriores israelí, Tzipi Livni, a su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, al que solicitó limitar las competencias de España en materia de Justicia Universal después de que la Audiencia Nacional admitiese a trámite una querella contra el ejército hebreo por una bombardeo en la Franja de Gaza en el murieron 14 civiles.
Los grupos parlamentarios de PSOE, PP, CiU y PNV pactaron cambiar la ley para que sólo se puedan abrir procesos por genocidio y lesa humanidad en España en el caso de que existan víctimas de nacionalidad española, se contraste algún vínculo "de conexión relevante" con nuestro país o que los presuntos responsables se encuentren en territorio español.
SERÁ APROBADO MAÑANA
Este acto de rechazo a la limitación de la jurisdicción universal se produce justo un día antes de que el Pleno del Congreso de los Diputados apruebe esta modificación incluida en una ley orgánica complementaria de la reforma de la Ley procesal por la que se establece la nueva Oficina Judicial para su posterior remisión al Senado.
El pasado día 18 la Comisión de Justicia ya aprobó con competencias legislativas plenas los artículos de carácter ordinario, mientras que los que suponen una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) serán sometidos a votación en un Pleno que se celebrará mañana. Entre estos últimos se encuentran la limitación de la jurisdicción universal o la implantación de un depósito económico para la presentación de recursos.
En el acto participaron también destacados abogados relacionados con causas seguidas en España al amparo de la jurisdicción universal y el magistrado emérito del TS, José Antonio Martín Pallín, quien criticó el modo en el que está redactada la Ley diciendo que "parece haberla escrito un gendarme". "No se si el plan Bolonia lo cambiará", llegó a decir.
Pallín ironizaba así acerca de las palabras que en su día realizó el presidente del CGPJ y el Tribunal Supremo, Carlos Dívar, quien cuestionó el principio de Justicia Universal asegurando que "España no puede convertirse en el gendarme del Mundo". En la actualidad, la Audiencia Nacional mantiene abiertas cerca de una decena de causas en las que se encuentran implicados países como Israel, China, EE.UU, Guatemala o el Salvador, entre otros.
Algunos de los letrados asistentes, como uno de los abogados que ejerce la acusación en la causa contra Israel, Antonio Segura, mostraron su opinión de que la modificación que se aprobará mañana no responde a presiones extranjeras, sino a la necesidad de detener los procedimientos abiertos contra el franquismo.
"SI FUESE CRIMINAL, ESTARÍA SATISFECHO"
"Si fuese un criminal internacional estaría satisfecho y el mensaje que me llegaría es que puedo seguir matando impunemente", dijo Segura, quien tildó a PP y PSOE como "el partido único con dos papeletas en las urnas". "El tema del franquismo es una de las cosas que están pesando a la hora de cerrar este procedimiento --opinó--. Israel realmente no tiene fuerza política internacional para condicionar a un gobierno como el español".
Asimismo, el letrado indicó que esta reforma no es nueva y explicó que, hace años, el Ministerio de Exteriores encabezado por Miguel Ángel Moratinos ya inició una serie de negociaciones como varias ONG con vistas a reformar a la jurisdicción, aunque no quiso dar mayores detalles sobre aquellos encuentros. El acto concluyó con la proyección de un vídeo en el que la Premio Nóbel de la Paz guatemalteca, Rigoberta Menchú, mostró su apoyo a la persecución internacional de los delitos de genocidio o lesa humanidad.
