Llamazares pide a Zapatero que "no dé por amortizada la legislatura" y hace de ésta un "balance crítico"

Actualizado: miércoles, 4 julio 2007 14:44


MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario de IU-ICV y coordinador general de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, expresó hoy su compromiso con las reformas y los cambios, y le propuso al Gobierno que "no dé por amortizada la legislatura y relance la agenda de izquierdas". "Que no convoque elecciones anticipadas, porque ni ETA ni sus propagandistas convocan elecciones con la ruptura de la tregua", afirmó.

Durante su intervención en el Debate del Estado de la Nación, pidió al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que no se dé fin anticipado a la legislatura únicamente abriendo la campaña electoral, que es lo que se apreció "en su intervención de ayer". Así, acusó a presidente de "falta de ambición en lo que queda en relación a los cambios de izquierdas" y le ofreció propuestas para hacer "reformas de izquierdas, movilizar a este electorado y recuperar la iniciativa política".

En este sentido, Llamazares apostó por incrementar el salario mínimo y tomar medidas de calidad de empleo, un derecho efectivo a la vivienda de alquiler y cánones "para los 3 millones de viviendas vacías", triplicar el presupuesto de la Ley de Dependencia, un pacto frente a la especulación y la corrupción y un plan de cambio climático y un calendario de cierre de centrales nucleares.

Asimismo, solicitó la integración y derecho de voto de inmigrantes, un estatuto de laicidad y libertad de conciencia, otra política exterior para Afganistán y Sáhara, que se avance en Memoria Histórica, se llegue a un Pacto frente al terrorismo y por la paz -una resolución en el Congreso-, y se concreten las leyes de Gobierno y Financiación Local. "Hacemos un balance insatisfactorio de la política errática del Gobierno, que ha provocado el crecimiento de las expectativas de la derecha", añadió.

"AUSENCIA DE CAMBIOS DE IZQUIERDAS"

Tras esto, apuntó que IU-ICV hace un balance "crítico" del tiempo transcurrido de legislatura "desde la izquierda comprometida con los cambios" y motivado por la "ausencia de cambios de izquierdas". Lamentó que el Gobierno, "sobre todo en materias fundamentales", haya "renunciado" a estos cambios y haya realizado "alianzas a la carta en muchos casos, cuando no con el centro derecha y los poderes fácticos".

Reconoció que la situación ha mejorado en parámetros económicos, sociales -"más derechos y libertades"- y de relación entre CCAA. Pero pidió a Zapatero que "no se fije en la evolución del PIB y datos macroeconómicos" y que piense en una familia media española con dificultades para llegar a fin de mes, y que tiene "razones para la insatisfacción".

En su opinión, el modelo de desarrollo español "sigue siendo el mismo, basado en ladrillo, consumo y servicios", y denunció que tiene "huellas sociales" como los salarios "estancados y polarización de la renta. Además, aseguró que datos internacionales hablan de que en España el nivel de pobreza está en el 20 por ciento, y todo esto en el "momento de mayor crecimiento de los últimos años".

En lo que tiene que ver con el proceso de paz, apuntó que la situación estaba "entre la violencia de ETA, única responsable del fin de la tregua, y la intolerancia de quienes han boicoteado esa tregua de principio a fin". A su juicio, esto lo ha hecho "la derecha organizada política, social e institucionalmente, que apostó por el fracaso de la tregua por sectarismo político, porque éste no pudiera ser un éxito de un Gobierno de izquierdas". Además, volvió a pedir un acuerdo entre fuerzas políticas con "marchamo parlamentario", en forma de resolución en Congreso.

CRÍTICAS A POLÍTICA ECONÓMICA

Sobre el anuncio de pagar 2.500 euros por cada nuevo hijo que realizó ayer el presidente, pidió "menos cheques y más reconocimiento de derechos a los ciudadanos", al tiempo que subrayó que la política económica del ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, es una "restricción insuperable para las ambiciones sociales y ambientales" de IU-ICV. Expuso que mientras el país converge con la UE en renta, "no lo hace en gasto social", ya que en este aspecto "nos separan de la UE 7 puntos, esto es, 70.000 millones de euros".

Por otro lado, apuntó que aunque IU-ICV ha estado de acuerdo con las reformas estatutarias, existe una "incertidumbre" en torno al modelo de financiación de las CCAA, en la "necesaria descentralización de la Justicia que parece estancada", y en la falta de medidas por parte del Gobierno con respecto a la reforma del ámbito municipal y local.

Sobre política exterior, criticó el posicionamiento "a medio camino" entre el diálogo de civilizaciones y el "síndrome compensatorio" con Estados Unidos. Reconoció estar de acuerdo en los "esfuerzos de paz en Oriente Medio y en reconducir las relaciones con América Latina", pero no en "compensar" a Estados Unidos por Irak con Afganistán, "ni con su política para el Sáhara, ni su ceguera con los aviones de la CIA".

Por su parte, el diputado de ICV, Joan Herrera, se preguntó si se le ha "sacado todo el provecho a la mayoría de izquierdas" que ha habido esta legislatura, y matizó que esto ha sido "dependiendo de con quien ha pactado" el Gobierno. "Con Duran no tendríamos matrimonios homosexuales, tendríamos trasvase del Ebro y en Dependencia tendríamos política de aseguradoras", aseguró.

Abogó por "aprovechar lo que queda en derechos y libertades" y afirmó que "lo mejor" de la legislatura ha sido gracias a pactar con IU-ICV. Lamentó que se hayan olvidado iniciativas como las del derecho a morir dignamente o la interrupción voluntaria del embarazo. Apuntó que a las leyes sociales hay que acompañarlas de gasto social, y añadió que en un país donde la "pobreza se mantiene, presumir de superávit presupuestario es un lujo escandinavo".

Denunció que el acuerdo sobre la Ley de Memoria Histórica "no está cerrado", y reclamó que "no se deje esta ley en un cajón". Criticó que el Ejecutivo del PSOE "blindara" mediante un acuerdo con la "más rancia jerarquía eclesiástica sus privilegios de financiación, pese al mandato de laicidad de la Constitución", al tiempo que solicitó la reforma de la Ley de Extranjería.

DESARROLLAR EL ESTATUT

Sobre Cataluña, señaló que el problema del Estatut no fue el texto, sino la "voluntad de cumplirlo", por lo que destacó que "ahora hay que cumplirlo y desarrollarlo con una lectura de máximos y rompiendo las inercias centralistas". También mencionó la situación de las Cercanías ferroviarias en Barcelona, para las que pidió más inversión y se preguntó "cuánto hubiera durado la ministra de Fomento si lo ocurrido en Barcelona en Cercanías hubiera pasado en Madrid".

"Hay que acabar con eso de que los catalanes son insaciables. Son necesarias más inversiones en infraestructuras, que no son sólo cemento, y un cambio en la gestión del aeropuerto de El Prat. No aceptaremos en ICV que no se avance de forma sustancial en el Estatut, porque toca y porque es cumplir con la ley. Queremos hechos y no palabras en torno a Estatut", explicó.

Lamentó la "absoluta insostenibilidad ambiental" española y aseguró que "hoy quien no tiene sentido ecológico no tiene sentido de Estado". En su opinión, España es el "campeón mundial" en incumplir con Kioto, por lo que pidió una ley de residuos que obligue a devolución y depósito, una fiscalidad ecológica, ley de movilidad y una ley de ahorro y otra específica para renovables.

Finalmente, pidió un "compromiso firme" para que antes de fin de legislatura haya un "horizonte sin nucleares, empezando por aprobar el cierre de Garoña", y reclamó de nuevo "hechos y no palabras". "Queremos un Gobierno que arrastre un poquito menos los pies, que mire más a la izquierda, sea más decidido, no se instale en la España que va bien y se preocupe de los problemas de la gente", concluyó.