MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, remitió una pregunta al Gobierno en el Congreso en la que cuestiona la posibilidad de verificar el cumplimiento de Ley de Fundaciones por parte de la Fundación Emilio Álvarez Gallego y del Protectorado de Fundaciones de la Junta de Castilla y León ante la existencia de "indicios de delito societario" recogidos en los artículos 290 a 297 del Código Penal.
La Fundación Emilio Álvarez Gallego, con sede en Valladolid y actualmente presidida por el arzobispo, Braulio Rodríguez, tiene como fin "la atención a las personas sordas y minusválidos físicos" de toda España" y, en este sentido, Llamazares, quien ha solicitado respuesta por escrito, alega que sus patronos "parecen haber desvirtuado los fines de la Fundación" en determinadas actuaciones.
En el registro de esta cuestión, a la que tuvo acceso Europa Press, el coordinador de IU manifiesta que, entre estas actuaciones se encuentra el cierre y el derribo de edificios asignados a Residencia-Hogar del Minusválido, Aulas y Talleres ocupacionales, reduciendo de 300 a 20 el número de personas sordas y discapacitadas atendidas por la Fundación.
Además, la formación indica que la Fundación ha renunciado a solicitar, "desde hace años", las oportunas subvenciones del Servicio para Discapacitados que ofrece la Junta de Castilla y León.
Asimismo, destaca la enajenación del subsuelo del solar de 5.300 metros, en pleno casco histórico de Valladolid, a la empresa Promociones PARKOSA S.L., para la construcción de un aparcamiento subterráneo para 502 vehículos y la recalificación del suelo para edificar unas torres destinadas a la venta y alquiler con usos residenciales y hoteleros.
La Fundación vendió el solar el 1 de marzo de 2007 por un importe de 7.279.890,12 euros cuando un informe de tasación estimó su valor real en más de 16 millones de euros, lo que produce "un grave daño patrimonial" a la Fundación, según indica Llamazares.
Por ello, consideró que la venta fue irregular porque se produjo sin la preceptiva autorización previa del Protectorado de Fundaciones de la Junta de Castilla y León y sin que se hubiera cumplido la obligación de concurrencia pública y la imparcialidad en la selección del comprador.
Izquierda Unida indica que, tanto el Comité Español de Representantes de Minusválidos de la región (CERMI), como la Federación de Personas Sordas de Castilla y León (FAPSCL) han denunciado estas actuaciones por estimar que dañan los intereses de las personas beneficiarias de los fines estatuarios de la Fundación, a pesar de la carencia de centros especializados de atención y formación, tanto en la comunidad autónoma como en el resto del país.
Por todo ello, IU preguntó al Gobierno la posibilidad de intervenir para la protección de los intereses de las personas sordas y discapacitadas ante las presuntas irregularidades en la actuación de esta Fundación.
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