Lokarri dice que la sentencia del TC "refuerza el bloqueo del proceso hacia la paz y la normalización de la convivencia"

BILBAO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Red ciudadana por el acuerdo y la consulta Lokarri afirmó hoy que la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional la Ley de Consulta es "un nuevo paso que refuerza el bloqueo del proceso hacia la paz y la normalización de la convivencia", a la vez que emplazó a las instituciones, partidos políticos y al conjunto de la sociedad a "seguir trabajando para definir las herramientas que permitan conocer la voluntad de la ciudadanía".

En un comunicado, Lokarri criticó que, tras la ruptura del alto el fuego de ETA, la "receta" del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para afrontar los problemas de la sociedad vasca "ha sido el bloqueo del diálogo y las prohibiciones". Así, lamentó que "se ha negado a afrontar un diálogo sin exclusiones con el Gobierno y los partidos políticos vascos y ha empleado la justicia para impedir los intentos de abrir una nueva oportunidad para la paz y la normalización de la convivencia".

Según dijo, la sociedad vasca "aún vive la resaca producida por el fracaso del proceso de paz y ha podido asistir en los últimos meses a la actuación del Gobierno de Zapatero impidiendo el diálogo entre los partidos políticos y negándose a iniciar un proceso de negociación con el Gobierno vasco".

En ese sentido, señaló que, ahora, después del recurso presentado contra la Ley de convocatoria de la consulta y su suspensión, con esta sentencia "se pretende cerrar el camino para que la sociedad vasca abra una puerta que permita la solución de los problemas que padece".

"Si se niega el diálogo y se prohíbe la consulta, ¿qué opciones quedan?", se preguntó Lokarri, para afirmar que la actitud del Gobierno central y esta sentencia del Constitucional "transmiten el mensaje a la sociedad vasca de que las soluciones sólo serán posibles cuándo y cómo ellos quieran".

Para Lokarri, la ciudadanía vasca "es madura, responsable y está más que capacitada para ser consultada directamente respecto a la paz y la convivencia", en ese sentido, advirtió de que, "el camino recorrido hasta ahora para reivindicar la convocatoria de una consulta popular no ha hecho más que empezar", porque "es un derecho democrático básico y un instrumento necesario, legítimo y conveniente para superar el bloqueo".

La red ciudadana por el acuerdo y la consulta dijo que, ahora, lo que corresponde a las instituciones, a los partidos políticos y al conjunto de la sociedad es "seguir trabajando para definir las herramientas que permitan conocer, de manera directa, la voluntad de la ciudadanía".

"GRAVE ERROR"

Para Lokarri, la sentencia del Tribunal Constitucional es "un grave error" porque "jurídicamente no es sostenible, recorta los derechos de participación política de la ciudadanía vasca y refuerza el bloqueo del proceso hacia la paz y la normalización".

La red ciudadana argumentó que la sentencia "no es sostenible" porque el Constitucional afirma "que toda aquella consulta popular en la que se empleen los mecanismos propios de un procedimiento electoral es un referéndum y, por tanto, está sujeta al artículo 149.1.32 de la Constitución Española". Sin embargo, precisó que esta afirmación "no se sostiene porque dicho artículo establece la competencia exclusiva del Estado en la autorización de las consultas populares por vía de referéndum, lo que presupone que hay otras vías para convocarlas, pero si no se pueden emplear los procedimientos electorales las consultas quedan vacías de contenido".

"Sin acceso al censo ni constitución de juntas electorales no hay garantías democráticas básicas para poder celebrar consultas populares. En el caso de que el artículo mencionado afirmase la competencia exclusiva del Estado para la autorización de todas las consultas populares, el Tribunal Constitucional estaría en lo cierto pero la literalidad del precepto no es esa", subrayó.

Lokarri consideró, además, que el Constitucional "emplea una visión jurídica anticuada para distinguir entre referéndum y consulta". Así, precisó que la consulta aprobada por el Parlamento vasco "no es un referéndum porque no tiene como objeto la ratificación de una Ley o acto normativo, únicamente recabar de manera directa la opinión de la ciudadanía".

En ese sentido, advirtió de que, como consecuencia de la sentencia, los artículos de los nuevos Estatutos de Cataluña y Andalucía en los que se afirma la competencia de estas Comunidades Autónomas para promover consultas populares, con la excepción de referéndums, "también se presuponen inconstitucionales". Por ello, dijo que, ahora, el Tribunal Constitucional "debería explicar cómo estas comunidades van a poder celebrar consultas sin tener acceso al censo electoral".

Tras denunciar que la sentencia "recorta los derechos de participación política de la ciudadanía", Lokarri lamentó que el TC "sigue anclado en un concepto de la democracia anticuado" y advirtió de que la resolución "reduce la participación directa de la ciudadanía a las elecciones y a referéndums esporádicos sobre cuestiones ya definidas por el Parlamento o el Gobierno".