LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 23 May. (EUROPA PRESS) -
El magistrado del Tribunal Supremo Rafael Fernández Valverde aseguró hoy que la nueva propuesta de Directiva europea sobre inmigración "no es constitucional" si no contempla "necesariamente" otras medidas "complementarias" destinadas a la averiguación de la identificación de los inmigrantes irregulares, para lo que apostó por la creación de un agregado de extranjería en "muchas embajadas españolas".
Así lo aseguró a Europa Press el magistrado antes de ofrecer su ponencia sobre "Los nuevos derechos de los extranjeros recogidos en la jurisprudencia" en el marco del XVIII Encuentro de Abogacía sobre Derecho de Extranjería y Asilo que se celebra en Las Palmas de Gran Canaria.
Fernández destacó que el planteamiento aprobado este miércoles por la Comisión Europea para ampliar hasta 18 meses la retención de los inmigrantes ilegales "da la sensación de que la situación de crisis económica lleva consigo una revisión de los planteamientos constitucionales".
Por ello, cree que "todo lo que se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos y garantías de extranjeros en España y en Europa ahora va a actuar como una especie de malecón, usando la expresión cubana".
El magistrado señaló que "desde los tribunales europeos hasta el más humilde tribunal canario llevan 25 años dictando una serie de sentencias reconociendo una serie de derechos muy sólidos de los extranjeros y, en consecuencia", entiende que se estaría "en una situación complicada de que sin más el poder ejecutivo europeo pudiera dejar sin efecto muchísimas resoluciones judiciales que se han dictado en los últimos años".
En concreto sobre la ampliación del período de detención de los inmigrantes indicó que "es cierto que el Tribunal Constitucional en la última sentencia de 7 de noviembre cuando se ha analizado la constitucionalidad de la Ley de 2004, ha declarado que la retención de los extranjeros en establecimientos no penitenciarios en principio podría ser constitucional".
Sin embargo, a su entender, "otro tema" es el aumento a 18 meses de retención, a lo que manifestó que como se trata de una disposición europea que necesariamente tiene que ser traspuesta a España" las referencias que tiene es que en este país "nunca pasaría de seis meses", con lo que habría que plantearse "si pasar de 40 días a 6 meses" de retención ese aumento cuantitativo pudiera ser constitucional".
A su juicio, la citada directiva debe ir "necesariamente unida a otra serie de requisitos", ya que considera que "lo más importante no es estar" retenido "sine die, sino que el problema es estar ahí mientras tanto se está llevando efectivamente algún tipo de averiguación" sobre la identificación de la persona. De lo contrario, en su opinión, "sería absurdo" tenerle retenido "sin que se esté haciendo algún tipo de averiguación".
LA DIPLOMACIA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XXI.
En este sentido, incidió en que viene "clamando porque la diplomacia española está hoy en el siglo XXI para otras cosas" y apostó porque "desde el punto de vista político sería razonable necesario establecer en muchas embajadas españolas un agregado en materia de extranjería con poder ejecutivo que fuera el encargado, en nombre del Ministerio del Interior, de llevar a cabo las averiguaciones de identidad" de la persona retenida.
"Se puede tener a una persona retenida cuando la administración está trabajando en relación con ella, lo que no se puede es tenerla retenida sin que haya nadie que esté tratando de identificarla", apostilló Fernández, que al inicio de su conferencia comentó que "hoy no es un buen día" en referencia a la nueva Directiva, que deberá ser también aprobada por el Parlamento europeo.
Recalcó que esta determinación "sin más no es constitucional, es decir que una medida de este tipo necesariamente tendría que ir acompañada de otra serie de cosas".
Agregó que "si la administración española está realmente tratando de identificar a esas personas a través de las ramificaciones diplomáticas en los países de origen, parece razonable que con todas esas condiciones la ampliación pudiera producirse; pero si no hay el más mínimo intento o posibilidad de esta identificación es evidente que la medida cautelar cae por sí misma".
Por ello, subrayó que los servicios diplomáticos "han estado pensando en muchos aspectos económicos", pero también deben atender a lo social. De ahí su apuesta por la constitución de un agregado de extranjería en "muchas embajadas españolas".
