El Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía avalan la instrucción y la competencia del juez
MÁLAGA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal encargado de enjuiciar el caso 'Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), ha suspendido este martes las sesiones del juicio para resolver algunas de las cuestiones previas planteadas por las defensas. La intención es retomar la vista oral el día 22 de noviembre con el bloque sobre blanqueo de capitales.
Así, previsiblemente, la Sala resolverá sobre las cuestiones estrictamente necesarias o esenciales, como la competencia del Tribunal para enjuiciar este caso; mientras que respecto a otras se pronunciará de forma parcial, ya que en algunos casos se esperará a la práctica de la prueba testifical correspondiente en el juicio oral.
La previsión es que tras los 20 días previstos para resolver las cuestiones, lo que se hará mediante un auto, se retome el juicio, que se celebrará por bloques, comenzando por el de blanqueo de capitales, que a su vez se dividirá en operaciones concretas para que sólo tengan que acudir a las sesiones los procesados acusados en cada una de las partes.
Algunas defensas, como es el caso de la del presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, han pedido en la sesión de este martes que se retrasara el día para retomar la vista oral, para preparar la declaración del ex asesor de Urbanismo y, además, porque no están incorporadas a la causa todas las pruebas solicitadas en sus escritos.
No obstante, el Tribunal ha entregado esta jornada a los letrados un soporte informático con 110.000 folios con las piezas separadas y de convicción de la causa y ha anunciado a los letrados que en unas semanas se entregará el resto de documentos de este tipo escaneados también, con lo que prácticamente todo el procedimiento estaría digitalizado.
En la fase de cuestiones previas, algunos letrados han cuestionado la competencia de la Sala en favor de la Audiencia Nacional o del Tribunal del Jurado y la mayoría ha pedido la nulidad del proceso, tanto total como parcial, especialmente en lo que respecta a las intervenciones telefónicas, a los registros y a las declaraciones, por vulneración de derechos fundamentales.
También se ha solicitado que se eliminen documentos incluidos, como conversaciones telefónicas pertenecientes al ámbito personal, y que se incorporen otros, como las investigaciones relativas a las iniciales J.A.G., sobre lo que se abrió un procedimiento aparte que fue archivado. En este caso, la Sala estudiará la posibilidad de incorporar dicha documentación.
EL AYUNTAMIENTO
Con la sesión de este martes, la décima, ha terminado la fase de cuestiones previas tras la contestación de los abogados del Ayuntamiento de Marbella y el de la Junta de Andalucía, instituciones personadas como acusación. Ambos han defendido la instrucción y han considerado que no hubo vulneración de derechos constitucionales, adhiriéndose a lo manifestado por el fiscal en la sesión del lunes.
El abogado del Ayuntamiento, Alberto Peláez, y el de la Junta de Andalucía, José Manuel Delgado, han avalado la actuación del primer instructor, Miguel Ángel Torres, y han considerado que de su forma de proceder "no se puede deducir que el juez no se fiaba de sus compañeros", ni tampoco una intención "torticera" de asumir la causa, como han manifestado los letrados defensores.
En este sentido, Peláez ha señalado que "la noticia críminis ya estaba en la declaración de Jorge González", funcionario del Ayuntamiento que habló de supuesto poder del presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, a raíz de la que comenzó la investigación, y ha apuntado que si se deducía testimonio de esa testifical había que notificarlo a las partes y "la investigación se iría al traste".
Al respecto, ha precisado que en dicha declaración se ve "el enorme poder de Roca sobre el Ayuntamiento", pero ha asegurado que "había una notoriedad, un conocimiento general de que todo era así", haciendo una enumeración de procedimientos sobre el Consistorio. Ha apuntado que tras la moción de censura de 2003 "ninguno" de los ediles "cumplió su obligación de denunciar las irregularidades".
Respecto a las detenciones, el letrado del Consistorio ha considerado que "hay que separar las circunstancias y padecimientos personales, ante los que no se puede ser insensible, de las presuntas infracciones procesales con supuesta relevancia constitucional, que no la tiene". En este punto, ha señalado que existe fundamentación en los autos.
Aunque ha dicho que se puede cuestionar si eran necesarias algunas detenciones, para el letrado del Ayuntamiento no cabe duda de que "era razonable y legal" que se produjera el arresto del primer grupo de detenidos, entre los que estaba el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, estimando que fueron, incluso su duración, "necesarias para la investigación".
Sobre las intervenciones telefónicas, ha asegurado que "se ve una fundamentación clara" en la motivación de sus autorizaciones, y ha considerado que "de todo el engranaje delictual de 'Malaya', cada peldaño no deja de ser una fundamentación del siguiente", por lo que ha asegurado que "hay una motivación para cada injerencia en la intimidad".
INTERÉS DE LA JUNTA
El letrado de la Junta de Andalucía, por su parte, ha precisado que esta Administración "tiene un interés evidente en que el patrimonio del Ayuntamiento sea restituido como tiene interés en que se liquiden las cuotas por el Impuesto de las Rentas de las Personas Físicas (IRPF)", porque "es acreedora directa del Consistorio y porque participa de los ingresos que el Estado obtiene por ese IRPF".
Así, Delgado ha apuntado que la cuestión de la personación ya fue resuelta previamente por otra Sala de la Audiencia y sólo se pronunciaron tres de las defensas, por lo que ha considerado que es "una cuestión consentida". También ha defendido la legitimación de esta Administración para acusar por delitos de blanqueo.
Ha insistido en que "no ha habido vulneración con relevancia constitucional" de derechos fundamentales, haciendo especial mención a la competencia del juez instructor, y ha rechazado que se rompiera la cadena de custodia de los archivos informáticos de Maras Asesores, alegando que el disco que se utilizó en la demostración realizada en la sala es "copia de la prueba de convicción".
Por último, el representante de la Agencia Tributaria ha defendido, al igual que las demás acusaciones, la instrucción de la causa y ha mantenido que "no han prescrito" los delitos contra la Hacienda Pública por los que se acusa a algunos procesados, en concreto por su presunta implicación en la operación denominada 'Crucero Banús'.
