Malaya.- Resumen.- Las defensas critican las detenciones "masivas" y el Tribunal pide respeto al instructor

MÁLAGA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal encargado de enjuiciar el caso 'Malaya', contra la presunta corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), ha pedido a las defensas en la segunda sesión del juicio que eviten "cualquier tipo de descalificación personal que a nada conduce" contra el primer instructor, Miguel Ángel Torres. No obstante, los letrados han insistido en sus críticas a la instrucción, donde hubo, según han dicho, detenciones "masivas" e "innecesarias". El juicio se reanudará el próximo lunes, 4 de octubre.

La segunda jornada ha comenzado sobre las 10.15 horas con unas palabras del presidente de la Sala, el magistrado José Godino, hacia los abogados, con las que ha manifestado el parecer del Tribunal tras las alusiones realizadas en la primera sesión por defensas como el letrado Francisco Soriano, también acusado en la causa, quien aseguró en su intervención el lunes que el instructor se convirtió en un juez "parcial e inquisidor".

Para la Sala, estas alusiones son "contrarias a las normas de cortesía y respeto que deben regir siempre todos los actos procesales en cualquier tipo de procedimiento", al tiempo que han asegurado que "no se puede afirmar que el señor juez instructor cometió un delito de detención ilegal".

El presidente ha explicado que el Tribunal permitió dichas expresiones "por el absoluto respeto al derecho de defensa" y a los letrados, cuya actuación destacó; así como porque el letrado interviniente es "procesado y es humanamente comprensible que pudiera hablar desde el apasionamiento y el recuerdo doloroso producido por la situación vivida".

Aunque ha indicado que la Sala "olvida la cuestión", ha rogado a los letrados que "centren sus críticas en cuestiones y matices estrictamente jurídicos, a los que tienen pleno derecho las partes". Dentro de este derecho, los letrados intervinientes en la segunda sesión han vuelto a repetir en las cuestiones previas sus críticas al instructor y han puesto de manifiesto "el interés acusatorio" de éste.

En este sentido, el abogado José Antonio Choclán, que representa a varios acusados, ha asegurado que en la instrucción "se ha confundido la fase judicial de investigación y se ha convertido en una vulgar actuación policial o policiaca, sin que ningún órgano, ni el juez ni el ministerio fiscal, haya velado por los derechos fundamentales de los imputados". Habló de que se adoptaron "sistemáticamente detenciones masivas" y de un interés "personal" del juez.

El letrado ha considerado que la causa se instruyó en su mayor parte "con opacidad y en secreto" y se sitúa dentro de un "modelo inquisitivo de instrucción". Además, ha aludido a que el juez "se autoatribuye el asunto porque desconfía de la ecuanimidad del resto de sus compañeros jueces de los juzgados de Marbella y desconfió incluso de todos sus compañeros de España". "Se comportó, sin tener jurisdicción, como un juez central", ha apuntado.

DERECHO A LA INTIMIDAD

En el caso de la defensa de Montserrat Corulla, uno de los presuntos testaferros del presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, las críticas han venido al considerar que se vulneraron "los derechos fundamentales de intimidad y derecho de las comunicaciones" de su defendida al unirse a la causa intervenciones de carácter "íntimo y personal", por lo que ha pedido que se eliminen estas conversaciones, las valoraciones subjetivas y los mensajes cortos de texto que "no tienen relación".

Así, ha puesto como ejemplo que en una de las transcripciones se precisa que una persona llamó a Corulla "y los agentes dicen: él intenta ligar con ella". "Esto es el trato serio y riguroso que le dan a las conversaciones de carácter íntimo y personal de mi defendida", ha lamentado el abogado, quien ha insistido en que esas conversaciones "no permanezcan un minuto más" dentro del sumario.

También cuestionó la necesidad de las escuchas telefónicas el letrado de Jaime Hachuel, acusado que según las acusaciones se encargaba de las medidas de seguridad de Roca. El abogado ha criticado que se intervinieran conversaciones de su cliente, al considerar que fue "meramente accesorio" para investigar al ex asesor del Ayuntamiento marbellí. "Realmente la persona investigada es el señor Roca", ha señalado.

En este sentido, ha añadido que se le intervinieron las comunicaciones a su cliente "para ver si sacan algo relevante para la imputación de Roca" y ha insistido en "la inexistencia de indicios suficientes" para que se adoptara esa medida, sumándose a la petición de nulidad de las escuchas telefónicas. Ha negado, igualmente, que su defendido esté en el circulo de confianza de Roca.

DETENCIONES

Este letrado también ha considerado que las detenciones de sus patrocinados "con todo el respeto al juez instructor, fueron ilícitas, ilegales y abusivas". Estos arrestos han centrado gran parte de las alegaciones expuestas por los letrados en la segunda sesión, en la que se han expresado las cuestiones previas relativas a casi una veintena de procesados.

Así, la defensa de Salvador Gardoqui, otro de los presuntos testaferro de Roca, ha asegurado que su defendido prestó declaración porque "estaba presionado", ante la detención de la que había sido objeto, por lo que "bajo la presión" hizo las manifestaciones "que creyó necesarias para eludir lo más rápidamente posible el riesgo de una entrada en prisión".

En este sentido, ha manifestado que este acusado, presuntamente relacionado con la sociedad Maras Asesores, "se autoinculpó e inculpó indebidamente a personas con las que no tenía relación", considerando que así se vulneró el derecho a no declararse culpable. Asimismo, ha criticado la desproporción en la detención.

Otro letrado que se ha referido a arrestos "innecesarios" ha sido José Manuel Vázquez, que representa a cinco acusados, quien se ha adherido a los argumentos de nulidad de los autos de detención planteada por otras defensas en la primera sesión por "falta de motivación". El abogado ha considerado que en la detención de uno de sus patrocinados "la Policía engaña al juez".

Asimismo, esta defensa se ha unido a las cuestiones planteadas el lunes por la de los abogados del gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta Soriano Pastor respecto del registro del bufete, ya que representa a un letrado en ejercicio, y respecto a la presunta vulneración del derecho de defensa. También ha alabado la labor de las abogadas del presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, por hacerse cargo "tan rápidamente" de la causa, así como su "valentía".

Tanto este letrado como otros han aludido a la falta de concreción de los escritos de acusación. Este es el caso de la defensa de Sergio Santana, ya que su letrado Miguel Criado ha considerado que "no se puede esperar a la prueba para saber de que nos tenemos que defender".

Por su parte, el abogado del ex primer teniente de alcalde marbellí Pedro Román ha pedido que se consideren prescritos algunos de los delitos contra la Hacienda Pública por los que se le acusa y ha instado a que se quiten del procedimiento que "no han sido objeto de acusación por ninguna de las acusaciones" y que soportan "medidas cautelares de mercantil".

Por último, la defensa del acusado Julián Fernández, además de adherirse a las cuestiones alegadas anteriormente, ha asegurado que "da la impresión" de que en la Sala se encuentran "bastantes procesados" y que la única relación que tiene es que "pasaban por allí en un momento inadecuado".