MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha mostrado su "malestar" después de que el Juzgado Central de Instrucción número 5 haya desestimado, de acuerdo a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la petición de este colectivo de investigar el asesinato de Miguel Paredes y Elena Moreno perpetrado en 1990 en San Sebastián.
En declaraciones a Europa Press, Ordóñez ha denunciado el "cambio total de criterio" de la Fiscalía de la Audiencia Nacional tras el relevo de Javier Zaragoza por Jesús Alonso ya que, en su opinión, se está "torpedeando" la reapertura de sumarios de crímenes de ETA sin resolver.
En 2014, miembros de Covite instalaron una placa en San Sebastián en memoria de Miguel Paredes y Elena Moreno. Este colectivo pidió el pasado 19 de junio la reapertura del sumario, solicitando que se practicaran diligencias como la toma de testimonio de los miembros de ETA Francisco Javier Balerdi y Jesús María López González, condenados por el asesinato del policía José Álvarez Suárez.
Covite también reclamaba que uniera al procedimiento de Miguel Paredes y Elena Moreno el informe pericial de balística aportado en la causa del policía José Álvarez Suárez.
"El sumario se cerró en su momento con la autopsia y nada más y ahora, cuando pedimos nuevas diligencias, nos la vuelven a torpedear renunciando al derecho a la verdad de las víctimas del terrorismo", ha señalado Consuelo Ordóñez, que también critica los últimos pronunciamientos sobre el enaltecimiento de presos de ETA en actos públicos, una vez que salen de prisión.
Consuelo Ordóñez se ha referido al compromiso del Congreso de los Diputados para investigar los crímenes de ETA sin resolver, mostrando su malestar por el "desprecio total y absoluto" de la Fiscalía en lo referente al caso no resuelto de Miguel Paredes y Elena Moreno, una pareja que tenía dos hijas pequeñas cuando fueron asesinados.
Covite asesoró a las hijas de Miguel y Elena, asesinados con 33 y 30 años cuando salían de un bar de la parte vieja donostiarra. Según la denuncia, ETA asumió el atentado y lo justificó aludiendo a que la pareja estaba formada por toxicómanos.
El pasado 25 de octubre, el Juzgado Central de instrucción número 5 notificó que no practicaría las diligencias reclamadas por Covite al entender que "transcurrido 27 años desde el auto que cerró el procedimiento no se podía introducir de manera procesalmente novedosa una nueva imputación".
Según el juez José de la Mata, "no existen indicios individualizados suficientes" contra Balerdi y López González, quienes, además, ya fueron en el pasado condenados por pertenencia a banda armada.
"De acuerdo con la Fiscalía", señala De la Mata en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, "lo cierto es que se pretende emplear una imputación jurídica 'ex novo' para lograr un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico".
Consuelo Ordóñez discrepa de esta posición y sostiene que Covite utilizó en su escrito "los mismos argumentos" que sí sirvieron a la Fiscalía y al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno para reabrir la investigación del asesinato de ETA del guardia civil Antonio Ramírez Gallardo y su novia, Hortensia González Ruiz, conocidos como 'los novios de Cádiz', y que fueron ametrallados en Beasain (Guipúzcoa) el 6 de enero de 1979.
Entre las diligencias consta que se pida a los Servicios de Información de la Guardia Civil y la Policía Nacional que entreguen la documentación de sus archivos y de las entregadas por las autoridades judiciales de Francia.
