MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
Manos Limpias, una de las partes personadas en la causa abierta contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por presunta prevaricación al investigar los crímenes del franquismo, solicitará para este juez 20 años de inhabilitación y la multa máxima prevista en la Ley por "la gravedad" de su actuación en este asunto.
Así lo señaló este miércoles a Europa Press el presidente de Manos Limpias, Miguel Bernad, que calcula que tras la resolución adoptada hoy por el instructor del caso Luciano Varela de dar por concluida la investigación el juicio podría celebrarse en un plazo no superior a dos meses.
Sobre la eventual suspensión cautelar de Garzón por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Bernad señaló que este órgano debería actuar de forma automática en este sentido "en cuanto les llegue el auto del juez Varela", y no esperar al Pleno que tiene previsto celebrarse el próximo día 24. "Si no es así, la decisión supondrá el desprestigio del Consejo", dijo.
El representante del sindicato de funcionarios se mostró confiado en que la sentencia que se dicte será condenatoria y señaló que hay que destacar la labor del magistrado Varela, que ha demostrado una gran independencia frente a las presiones que, según él, los jueces del Tribunal Supremo han soportado desde "el Gobierno y la presidencia del Congreso de los Diputados" para favorecer al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.
NADIE POR ENCIMA DE LA LEY
La decisión de Varela es, a juicio de Bernad, "algo muy bueno para la credibilidad del sistema, de nuestro Estado de Derecho y de las instituciones", pues significa que "nadie está por encima de la ley".
Añadió que quería dejar claro que este procedimiento no debe ser entendido como un proceso contra Garzón por tratar de abrir un proceso inquisitorial contra el franquismo. "Se trata de que un juez, a sabiendas, ha dictado resoluciones contrarias a derecho, y este es un comportamiento delictivo", añadió.
El representante de Manos Limpias censuró también "con absoluta rotundidad" el papel desarrollado por el Ministerio Fiscal, que calificó de "bochornoso" por ponerse del lado del imputado y no presentar acusación. "Si no llega a ser por la acusación popular este delito quedaría impune", agregó.
Finalmente, señaló que Garzón "no es Falcone ni Borsalino", en alusión a los jueces italianos asesinados por la mafia, y añadió que "ya era hora de evitar que un juez practique la Justicia en su propio beneficio".
El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela resolvió hoy proceder penalmente contra el juez Garzón por un presunto delito de prevaricación que habría cometido al investigar, sin ser competente para ello, las desapariciones durante el franquismo. El auto, contra el que cabe recurso de apelación, da diez días a las partes para que presenten escrito de acusación contra el juez y soliciten la apertura del juicio oral.
La resolución supone el inicio de los trámites de preparación del juicio, al poner fin a la fase de instrucción de la primera de las tres causas abiertas al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5. Las otras causas admitidas a trámite investigan posibles conductas delictivas del juez relacionadas con los cobros que obtuvo durante la organización de unos cursos en Nueva York y por intervenir comunicaciones de imputados en el "caso Gürtel" con sus abogados en prisión.
En su auto, Varela rechaza todas las pruebas solicitadas por Garzón en su defensa, entre las que se incluían la declaración de los magistrados de la Audiencia Nacional favorables a su tesis y también las de juristas internacionales, al considerar que "exceden del contenido propio" de las diligencias de instrucción.
El magistrado concreta que el delito cometido por Garzón fue "la adopción de plurales decisiones que por múltiples motivos se califican como opuestas al ordenamiento jurídico, desde la consciencia de dicha antijuricidad y, por ello, eventualmente constitutivas de un delito de prevaricación".
La querella contra Garzón, admitida a trámite el 27 de mayo de 2009, fue interpuesta por el sindicato de funcionarios Manos Limpias y posteriormente se adhirieron a la misma la asociación Libertad e Identidad y también Falange Española y de las JONS, que son quienes deberán ahora presentar sus escritos de acusación contra el juez, puesto que la Fiscalía ha instado desde el principio el archivo de las actuaciones. Garzón se enfrenta a una posible condena de multa e inhabilitación.
