Marbella.- Abogados de 'Malaya' auguran un macroproceso "ingobernable" y rechazan que siga en secreto

MÁLAGA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Algunos de los abogados personados en el 'caso Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), coincidieron en considerar que la causa se está convirtiendo en un "macroproceso ingobernable" de cara al enjuiciamiento y en rechazar el mantenimiento del secreto del sumario de unas diligencias que comenzaron en noviembre de 2005, bajo la dirección del juez de Instrucción número 5 de Marbella Miguel Ángel Torres.

Cuando se cumple la semana que viene un año del inicio de la operación policial, con la detención, entre otros, del presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, y de la ex alcaldesa, Marisol Yagüe, el abogado del ex concejal Rafael Calleja, José Antonio Choclán, consideró que la idea de un macroproceso "hoy en día es antieconómica desde el punto de vista procesal".

Apuntó que "el problema de esta macrocausa es que tiene un objeto muy difuso que está contribuyendo a una causa de esta naturaleza" y entendió necesario "atribuir racionalidad al proceso porque la experiencia demuestra que estas macrocausas son inviables en el futuro y extreman las dificultades de un juicio oral".

En este sentido, el abogado José Aníbal Álvarez, que dirige la defensa del presunto cerebro de la trama, calificó también de "ingobernable" esta causa, "pero no por el número de tomos", sino que precisó que "por el mero hecho de haber tenido alguna relación en este caso con Juan Antonio Roca Nicolás se les ha imputado y esto no va a haber quien lo estudie ni quien lo juzgue".

Por su parte, el defensor de la ex alcaldesa, Pablo Luna, dijo que en la instrucción, que definió de "dispersa y sorpresiva", se debería haber apostado por la fórmula de piezas separadas "para no hacer un macrojuicio que pueda perjudicar a todos". En contra de las opiniones de sus compañeros, Julián Chamorro, letrado del empresario Carlos Sánchez, entendió que "todos los juicios por muy complejos y dificultosos que parezcan, en un ordenamiento judicial como el vigente se pueden celebrar y desarrollar sin problemas".

INSTRUCCIÓN

El abogado de Roca estimó, en declaraciones a Europa Press, que se trata de "una instrucción inquisitorial, en la que se han estado vulnerando una serie de derechos constitucionales, entre ellos el de la presunción de inocencia y el derecho a un juez predeterminado por la ley, toda vez que el instructor se atribuyó la instrucción del caso, sacándolo del reparto".

Así, señaló que en esta investigación, que "obedece a unos intereses políticos, lo cual dije desde el primer día", se están "limitando también los derechos fundamentales, como persona, que en cualquier otro país no pasaría", al apuntar que "se ha metido a la gente en la cárcel y con posterioridad se han puesto a investigar".

Álvarez destacó la importancia de "preservar los derechos fundamentales y cuando exista sentencia condenatoria, entonces tratar a las personas como condenados", e indicó que "los propios medios de comunicación tienen que hacer ver lo que se está produciendo porque nadie está libre de verse envuelto en un procedimiento penal".

Por su parte, para el letrado de Yagüe, "hay un sentir general de que no se ha querido llegar hasta el fondo de algunas investigaciones y sería loable que se profundizara en todas las causas por las cuales se han podido producir algunos acontecimientos en la ciudad de Marbella".

Además, añadió que está siendo "un proceso muy mediatizado" y reseñó "el silencio" por parte de determinados agentes como el Defensor del Pueblo o los tribunales de justicia "a la hora de permitir que haya habido programas que hayan resucitado gracias al caso 'Malaya'".

Para la defensa de Carlos Sánchez, "la instrucción responde a una investigación necesaria no sólo en Marbella, sino en otras zonas del Estado como es la lucha contra la corrupción urbanística", aunque mantuvo discrepancias "lógicas" dentro de la línea de defensa respecto a algunas decisiones judiciales como la competencia del juez Torres.

"Creo que es una tema de la Audiencia Nacional y que en algún momento deberá ir a dicho tribunal porque los delitos tienen una territorialidad amplia", apuntó Chamorro, quien añadió que "debe estar en un juzgado central, no tanto por cuestionar la capacidad de los profesionales, sino por la falta de medios".

DETENCIONES

También la mayoría de los letrados cuestionados por Europa Press coincidieron en señalar que se han producido medidas cautelares "excesivamente rigurosas e innecesarias" y detenciones que "se podrían haber evitado" y que "han vulnerado todos los derechos fundamentales", tal y como señaló Álvarez, respecto a los últimos arrestos de la mujer y la hija de Juan Antonio Roca.

En este sentido, el abogado de la ex alcaldesa entendió que "se han dado actuaciones procesales a las que no estamos acostumbrados los profesionales", por ejemplo "la manera en que se han producido detenciones y la manera de llevar el propio procedimiento"; e insistió en que "se podrían haber evitado muchas veces" algunos de los arrestos.

Así, Luna aludió al artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice que "la detención deberá practicarse en la forma que menos perjudique al detenido en su persona, reputación y patrimonio". Asimismo, el letrado del empresario Carlos Sánchez criticó que algunas de las medidas adoptadas "han generado más perjuicios a los imputados que beneficios a la investigación" y apuntó que determinadas detenciones "han sido especialmente espectaculares", poniendo como ejemplo la de la hija de Roca.

SECRETO

Respecto a la decisión del juez de mantener parte del sumario en secreto, Luna indicó que ésta debe ser "una medida muy excepcional y estar en el ranking español de tiempo de un procedimiento en secreto no es nada bueno, quizás sea más por falta de medios que por complejidad, porque ha habido asuntos muy complejos como el aceite de la colza o el caso Intelhorce en los que no ha hecho falta el secreto tanto tiempo".

A este respecto, Chamorro entendió que el secreto "no sólo ha dificultado el derecho de defensa, sino que va a retrasar la instrucción", porque, según explicó, todavía las defensas no han propuesto la práctica de pruebas, sino que "se ha realizado más actividad a iniciativa de la Fiscalía".

Por su parte, el abogado Francisco Soriano, imputado en el caso y defensa de sus compañeros del despacho Sánchez Zubizarreta de Madrid, se mostró de acuerdo con algunas de las precisiones de sus colegas, como en el caso del secreto y las detenciones; mientras que el letrado Javier Gómez de Liaño, que representa al ex concejal Victoriano Rodríguez, cuestionado por su opinión acerca de la instrucción del caso en este año, no quiso manifestarse y sólo dijo guardar "un largo y profundo silencio".

Tampoco Javier Saavedra, uno de los letrados de Julián Muñoz, quiso hacer referencia a la instrucción en general, al considerar que "no puedo, no quiero y no debo pronunciarme", pero sí lo hizo en relación a su defendido y calificó de "sorprendente" que en la operación 'Malaya' "que se investiga en base a una moción de censura en la que es destituido Muñoz, uno de los pocos que esté en la cárcel sea éste, el destituido, aquel que pretendía llegar a un acuerdo con la Junta en cuanto al Plan General".

En este sentido, señaló que "no hemos encontrado ninguna referencia a Julián Muñoz hasta el momento". "Lo que esperamos de esta instrucción es que termine lo antes posible para que no se pueda justificar con la destrucción de pruebas o la huida la prisión de Julián Muñoz", apostilló, al tiempo que apuntó que "es el único preso en España que está cumpliendo un año de prisión por un delito urbanístico y con unas enfermedades que ha adquirido en la cárcel".