Marbella.-La Consejera de Obras Públicas dice que el ordenamiento jurídico impidió a la Junta hacer más en el urbanismo

Actualizado 15/03/2007 15:50:29 CET

MONTORO (CÓRDOBA), 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, Concepción Gutiérrez, dijo hoy que fue el ordenamiento jurídico el que, en su momento, impidió a la Administración autonómica hacer más ante las supuestas irregularidades urbanísticas en Marbella (Málaga).

En declaraciones a los periodistas, Gutiérrez, quien inauguró hoy en Montoro (Córdoba) la rehabilitación de las Tercias Catedralicias, reaccionó así ante lo recogido en un auto del juez que investiga el caso 'Malaya', Miguel Ángel Torres, que rechaza que la Junta sea parte "perjudicada" en el procedimiento y ve su situación "más próxima al responsable civil".

Ante esto, Gutiérrez aclaró que fue "a partir del año 2003 cuando cambia el criterio de los tribunales y aceptan las suspensiones de las licencias", de tal forma que, "cuando no hay una suspensión cautelar, porque no la acepta el juez, porque la impide el juez, el ordenamiento jurídico obliga a todas las administraciones a cobrar los impuestos". Éste, según aseguró la consejera de Obras Públicas y Transportes, "es un problema del ordenamiento jurídico, que es muy garantista y es así".

Gutiérrez habló así en relación a un auto dictado el pasado mes de noviembre, incluido en la parte del sumario del caso 'Malaya' no declarada secreta desde el pasado martes y a la que tuvo acceso Europa Press, en el juez Torres entiende que la Junta de Andalucía "no es perjudicado en este procedimiento, sino que en atención a sus amplias competencias, en particular en materia de urbanismo, su situación está más próxima al responsable civil" e incluso añade "con una posición que se aproxima conceptualmente al partícipe a título lucrativo como beneficiario de los ingresos tributarios de todas las licencias ilegales concedidas hasta las detenciones en la presente causas".

El auto dictado por el juez Torres, por el que desestima la solicitud de la Junta de personarse en el procedimiento como parte perjudicada, deja abierta la posibilidad de que el Ejecutivo andaluz se persone como acusación particular.