SEVILLA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía General del Estado solicitó hoy al Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que desestime el recurso interpuesto por el titular del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado, contra el expediente disciplinario por el que fue sancionado a pagar 1.500 euros por los errores judiciales que cometió al no encarcelar al presunto asesino de Mari Luz Cortés, Santiago del Valle.
En este sentido, el fiscal entiende que Tirado quebró el Estado de Derecho al iniciar el procedimiento para encarcelar a Del Valle más de dos años después de que la sentencia del pederasta fuera firme.
El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Martín-Casallo López, manifiesta en un escrito de alegaciones consultado por Europa Press que el Ministerio Público se opone a las consideraciones que Tirado hizo en su recurso al entender no sólo que las mismas no tienen trascendencia para considerar la inexistencia de falta disciplinaria, sino también, porque, a juicio del fiscal, los hechos que llevaron a sancionar al magistrado son constitutivos de falta muy grave.
Martín Casalllo asegura que el hecho de iniciar el procedimiento para encarcelar a Santiago del Valle más de dos años después de que la sentencia del pederasta fuera firme "supone necesariamente la quiebra del Estado de Derecho en la parte en que se sustenta en el normal cumplimiento de las resoluciones judiciales condenatorias, dando lugar a una serie de desfases gravísimos por cuanto el no cumplimiento de la condena produce los mismos efectos negativos que si la misma todavía no se hubiera impuesto".
Para el fiscal, esa tardanza afecta a los fines de "prevención general" ya sea para restablecer la confianza de la sociedad en el Derecho o para disuadir a quienes no han delinquido, así como a la "prevención especial" que se dirige a que el condenado, mediante la aplicación de la pena, no vuelva a cometer actos ilícitos. Todo esto, sumado a que el retraso en el ingreso en prisión de Santiago Del Valle vulneró el derecho fundamental de la víctima a la tutela judicial efectiva de la víctima del delito.
En esta línea, el Ministerio Fiscal se opone "rotundamente" a los razonamientos que Tirado expuso para reclamar el archivo de su expediente y expone que un juez tiene por obligación "llevar a cabo las funciones de vigilancia y control" con objeto de que la ejecución de la sentencia no se "desvirtúe o malogre por la inacción dentro del mismo durante un dilatadísimo periodo de tiempo".
Asimismo, el fiscal reconoce dentro de la facultad u obligación de "hacer ejecutar lo juzgado" que "será responsabilidad del secretario judicial la dación de cuenta", si bien "el recurrente quiere construir a partir de la denominada 'dación de cuenta' una auténtica patente de corso que le exculpe de cualquier situación que pueda producirse en el juzgado en el que sea titular, pero oculta que, con dación de cuenta o sin ella, se halla obligado por la existencia de deberes", apunta el fiscal, quien destaca en este sentido como deberes fundamentales "el de vigilar que la dación se lleve a cabo con la regularidad que exijan las circunstancias y en la extensión que sea necesaria y el de controlar que la citada 'dación de cuenta' efectuada se ajusta a la realidad jurídica del caso concreto".
Por todo ello, el Fiscal interesa del Pleno del Consejo General del Poder Judicial que tenga por presentado este escrito y por evacuado el trámite de alegaciones al recurso de alzada interpuesto por Rafael Tirado, y tras los trámites oportunos, acuerde su desestimación.
