Más de un centenar de militares, guardias civiles y funcionarios exigen la retirada del 'pensionazo' ante Economía

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de militares, guardias civiles y otros funcionarios de la Administración Pública se manifestaron este mediodía ante la sede del Ministerio de Economía y Hacienda en Madrid para exigir la retirada del recorte de las pensiones de Clases Pasivas por incapacidad permanente, conocido como el 'pensionazo' y contemplado en el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2009.

Alrededor de un millón de funcionarios de la Administración Pública pueden verse afectados por la nueva normativa, según fuentes sindicales, si bien los trabajadores de Enseñanza, Justicia y, sobre todo, de las Fuerzas de Seguridad y el Ejército serán los colectivos que verán mermadas en mayor grado sus pensiones. El texto conlleva un recorte del 25 por ciento en las pensiones concedidas a partir del próximo año por incapacidad permanente a los funcionarios con menos de 20 años de servicio o antigüedad.

Bajo el lema 'No al Pensionazo', cerca de 500 personas, según los organizadores, denunciaron que el Gobierno ha puesto en marcha esta modificación legal "de forma unilateral", sin negociación con los agentes sociales y contra el criterio del Tribunal Constitucional que rechaza que las cuentas públicas sirvan para reformar este tipo de prestaciones. La marcha, convocada oficialmente por Comisiones Obreras, ha contado con el respaldo de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

"Menos pensionazos, más derechos" fue una de las consignas más coreadas por los manifestantes, que hicieron sonar pitos mientras portaban pancartas contra "el pensionazo de Zapatero" y "los recortes sociales en el Ejército" durante más de una hora frente al despacho del vicepresidente de Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, situado en plena calle de Alcalá.

El secretario general de AUME, Mariano Casado, defendió la libertad de los militares a ejercer los derechos de reunión y manifestación, a pesar de la oposición de algunos sectores "interesados en volver a la represión y que no entienden que los militares son ciudadanos como los demás". Además, anunció que AUME animará a los grupos parlamentarios a interponer proposiciones no de ley con el fin de modificar "este status, que va a ser muy grave y afectará a muchas familias". La protesta, advirtió, se trata de "una primera acción, pero no de la última".

El 'número dos' de la asociación reconoció que los miembros de las Fuerzas Armadas "se sienten engañados" porque el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aseguró que "no iba a hacer recortes sociales" y ahora ellos, junto a otros colectivos, "sufrirán más que nadie recortes en algo tan básico como las pensiones".

ACELERAR UNOS 300 EXPEDIENTES DE GUARDIAS CIVILES

Por su parte, el portavoz de AUGC, Manuel del Álamo, afirmó que los servicios jurídicos de la asociación están trabajando para "acelerar al máximo" los expedientes por incapacidad de los guardias civiles, con el objeto de lograr el menor número de perjudicados por la nueva normativa, que se pondrá en vigor el próximo enero. En estos momentos, cifró en 300 el número de expedientes que está tramitando la organización.

Acusó a la Administración de otorgar un "mal trato" a los agentes del Instituto Armado e "imponer con alevosía y nocturnidad" un régimen de incompatibilidades al colectivo que ya de por sí, dijo, "tiene un régimen muy severo". Del Álamo se refería así a otra inclusión del texto legal, que incluye rebajar hasta un 45 por ciento la pensión de los funcionarios que no respeten el régimen de compatibilidad.

"Estamos en contra del fraude, de la utilización fraudulenta de los fondos, pero no es modo de combatir con este pensionazo indiscriminado y sin consenso", señaló, antes de reprobar que la iniciativa se ha planteado sin ningún tipo de "estudio previo" sobre los trabajadores afectados.

Desde un improvisado escenario, Miguel Segarra, secretario de la Federación de Servicios Públicos de Comisiones Obreras, subrayó que las pensiones que perciben los funcionarios ya son "tremendamente bajas" y acusó al Ejecutivo de plantear una modificación en materia de pensiones al margen de las fuerzas sociales. "A los funcionarios nos parece muy grave", remachó, para anunciar que el sindicato ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra esta falta de negociación, máxime cuando se recoge en la Ley de Presupuestos. "¡Estamos por la negociación, no por la imposición!", zanjó.

Desde la Federación de Enseñanza de CC.OO, Luis Castillejo, criticó que algunos funcionarios que percibirán una pensión "de poco más de mil euros" vean impedido su derecho a buscar otra fuente de ingresos en el sector privado, al tiempo que insistió en que su sindicato "recurrirá una vez aprobados los Presupuestos".

"Desde el Pacto de Toledo, cualquier modificación sobre pensiones se discutía llegando a un consenso. En este caso, el PSOE lo ha llevado en la Ley de Presupuestos, mientras que cuando estaba en la oposición llevó al PP al Tribunal Constitucional por hacer lo mismo, por introducir modificaciones importantes de leyes en los PGE", concluyó.