Más de la mitad de los presos de Cataluña cumplen sus penas fuera de la cárcel

BARCELONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Más de la mitad de las personas que están bajo la tutela de la secretaría de Servicios Penitenciarios de la Conselleria de Justicia la Generalitat cumplen sus penas fuera de la cárcel, ya sea porque disfrutan de la libertad condicional, están en régimen abierto o ejecutan su pena en la comunidad, a través de lo que se conoce como medidas penales alternativas.

El secretario de Servicios Penitenciarios de la Conselleria de Justicia, Albert Batlle, aseguró hoy que el 51,12% de los mayores de edad que están ejecutando su pena en Catalunya lo hacen en esas condiciones, un porcentaje que aumenta hasta el 57,34% si se incluye a los menores. En total, 5.828 adultos, de los 13.500 que ejecutan penas, disfrutan de estas medidas.

Batlle, que hoy intervino en una jornada sobre medidas penales alternativas organizada por CC.OO., destacó que las medidas de medio abierto cada vez se están implantando más y que "desde hace 6 o 7 años han dejado de ser una anécdota" para convertirse en "la forma más importante de ejecución penal".

Dentro de este tipo de cumplimiento del régimen penitenciario, Batlle subrayó el crecimiento de las medidas penales alternativas, que ya representan el 30% del total y que a finales de año pueden alcanzar un tercio del conjunto de medidas de medio abierto.

Batlle señaló el crecimiento "exponencial" de las medidas alternativas, que han pasado de 466 en ejecución en 1999 a 3.240 a finales del año pasado, con un crecimiento de la demanda que entre 2004 y 2005 alcanzó el 181%.

El secretario de Servicios Penitenciaros afirmó que ese aumento tiene que ver con el hecho de que ese año entró en vigor la reforma del Código Penal en la que se contemplan penas de cárcel para los conductores que circulen bajo la influencia del alcohol y para situaciones de violencia doméstica.

En ese sentido, Batlle aventuró que las futuras modificaciones del Código Penal "probablemente endurecerán aún más las penas", con lo que "aumentarán los mecanismos de control social", pero lamentó que esos cambios "no dejan de ser un cierto fracaso" porque "a cambio no sacan a nadie de la cárcel".

Para asumir los nuevos retos que supone ese previsible aumento de las medidas penales alternativas Batlle recordó que la consellera de Justicia, Montserrat Tura, propuso la creación de la Dirección General de medidas penales en la comunidad --que es la denominación que prefiere la Generalitat-- y de la Agencia de Ejecución Penal y Mediación, como fórmula para involucrar al resto de instituciones.

MÁS RECURSOS.

Batlle pidió al Gobierno central que "se tome en serio lo que dice el Código Penal" en relación a las medidas penales alternativas, porque "si no se dota de recursos" este sistema es "un brindis al sol".

En ese sentido, Batlle adivirtió de que en la actualidad hay 3.664 medidas penales alternativas en seguimiento y 2.000 pendientes de inicio, pero que si no se dota de recursos el programa "corremos el peligro de que haya más medidas pendientes que en ejecución", con lo que "volveremos a endurecer el sistema y habrá más gente en la cárcel".

Sin embargo, según Batlle, "si queremos cumplir con el mandato constitucional de la rehabilitación" hay que recordar "que ese proceso lo óptimo es ejecutarlo en comunidad y que sólo excepcionalmente se vaya a la prisión", de modo que en la cárcel "sólo estén las infracciones graves, inadmisibles para la sociedad".

En cambio, en el caso de los infracciones menores, "aquellas que se deben al fracaso de la prevención", lo "ideal", según Batlle, sería ejecutar medidas alternativas y fomentar la reinserción para que "el fracaso no repercuta en nosotros" con nuevos ingresos, ya que la reincidencia se cifra en Catalunya en un 35%.

El secretario de Servicios Penitenciarios recordó que un preso que ejecuta medidas penales alternativas cuesta al Estado 7 euros al día, mientras que si está en la cárcel cuesta 63 euros al día y si sigue un régimen abierto 30 euros.

VIOLENCIA DOMÉSTICA, LA MAYORÍA.

La mayoría de las personas que cumplen medidas penales alternativas lo hacen por violencia doméstica (un 41,6%) o por conducir bajo los efectos del alcohol (un 31%), dos tipos de delito que engloban el 72,6% del total. Les siguen los pequeños delitos contra el matrimonio, que suponen un 11,22%.

Entre las medidas que se aplican en estos casos, más de la mitad (un 56,91%) son trabajos en beneficio de la comunidad --atención a ancianos, apoyo a actividades comunitarias--, seguido de los programas formativos (un 22,17%) y de las tratamientos de deshabituación (un 13%).