El presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, aplaude tras hacerse público el resultado de las votaciones que han aprobado el Proyecto de Reforma Política, el 18 de noviembre de 1976 - EUROPA PRESS/ARCHIVO
MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
El 18 de noviembre de 1976, hace ahora cincuenta años, las Cortes franquistas dieron luz verde a su propia disolución con la aprobación de la Ley para la Reforma Política. Es lo que se conoce como el 'harakiri' del Régimen. Por el camino fueron necesarias muchas horas de persuasión de los procuradores para que al menos tres cuartos de la Cámara votara a favor.
Paso fundamental para la Transición, el Ejecutivo de Adolfo Suárez mantuvo hasta el final contenida la respiración ante el riesgo de que el proyecto fracasara. El catedrático de Derecho Constitucional Diego López Garrido, que en ese momento era letrado en las Cortes y fue asesor jurídico de la Ley, recuerda que las negociaciones en las Cortes "no fueron nada fáciles" porque el franquismo, un año después de la muerte del dictador, "todavía era muy fuerte".
No obstante, Suárez tenía claro que había que hacer "todo lo posible" para convencer a los procuradores y sacar adelante la Ley. Así lo cuenta José Manuel Otero Novas, estrecho colaborador del expresidente como director general de Política Interior, en una conversación con Europa Press.
La fórmula escogida fue el reparto de procuradores entre los miembros del Gobierno para llevar a cabo reuniones individuales donde persuadirles. "Yo trabajé el voto de unos sesenta. Elegí los que me parecieron más fáciles, como abogados del Estado o altos cargos", concreta Otero Novas, para admitir que evitó a procuradores del tercio sindical o de la administración local por ser "más difíciles".
OPOSICIÓN A LA LEY CON EL SISTEMA ELECTORAL
Así, los encuentros que él mantuvo se desarrollaron en comidas, cenas y meriendas en las que se encontró con unos procuradores que querían 'abrir' la dictadura, pero que vieron en el sistema electoral proporcional propuesto una excusa para apretar al Gobierno y "hacer oposición elegante a la Ley".
"No era una oposición del todo o la nada, sino que era elegante. Decían: 'No estamos en contra de la Ley, pero no les admitimos un sistema electoral proporcional'", apunta Otero Novas.
Fueron los procuradores de Alianza Popular (AP) -origen del actual Partido Popular- liderados por Manuel Fraga, quienes más se esforzaron por pedir el sistema mayoritario -que perjudica a las formaciones más pequeñas y beneficia a las listas más votadas, como ocurre en Estados Unidos-, recuerda Otero Novas.
"Los dirigentes de AP entendieron que la Reforma iba a aprobarse y pensaron que debían negociar una regulación electoral para que fuera lo más mayoritaria posible", explica, en conversación con Europa Press, el catedrático de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid y autor de 'Atado y mal atado: el suicidio de las Cortes franquistas y la Transición', Ignacio Sánchez-Cuenca.
Por esa razón, Otero Novas centró su argumentación en el sistema electoral. "En los debates fue el punto más serio", recuerda. Su estrategia pasó por apuntar directamente hacia un hombre del Movimiento y hacer ver a los procuradores que con el sistema mayoritario no saldría elegido.
"Yo les preguntaba: ¿quieren que Joaquín Ruiz-Giménez (ministro de Educación franquista) sea parlamentario en el nuevo sistema?", recuerda y continúa: "Ellos no podían decirme que no, porque era un ministro de Franco". Y, ante esa respuesta, Otero Novas zanjaba: "Pues queridos amigos, con el sistema mayoritario Ruiz-Giménez, que es el número uno, no sale elegido".
INFORMACIÓN DIARIA A SUÁREZ CON LOS "COMPROMETIDOS"
El director de Política Interior explica que trasladaba "diariamente" a Suárez en unas tarjetas la información sobre los procuradores que quedaban "comprometidos". En aquellos documentos, también daba alternativas al líder del Ejecutivo sobre los pasos que se daban, contemplando siempre la posibilidad de que las negociaciones no llegasen a buen puerto.
"Yo le pasaba papeles a Suárez diciendo: si surge esto, esto nos falla. Pensaba en la posibilidad de que fallara algo y siempre tenía soluciones de repuesto dentro de la Ley, para seguir haciendo una transición sin rupturas", concreta. Otro ejemplo como el de Otero Novas es el del exministro de Justicia Landelino Lavilla, quien en sus memorias publicadas en 2017 contó que sondeó a 36 procuradores, de los que finalmente 29 dieron un 'sí'.
Asimismo, según informó Europa Press el 28 de octubre de 1976, el ministro de Gobernación Rodolfo Martín Villa fue el encargado de reunirse con procuradores procedentes de la administración local para exponerles el proyecto de Ley.
"Hubo cenas y reuniones, y para el mes de octubre los procuradores ya sabían que la reforma de Suárez iba a salir adelante y eso generó un efecto 'bola de nieve' a favor", explica Sánchez-Cuenca.
En su opinión, la preocupación principal de los procuradores era "salvar su posición". "Querían evitar quedar como traidores en caso de que fracase la norma, pero también de nostálgicos si se aprobaba. Les importaba mucho estar coordinados", explica el politólogo.
Sánchez-Cuenca cuenta que Suárez percibió esta necesidad de coordinación y decidió trasladar a los procuradores que la reforma era ganadora de antemano, aludiendo al apoyo que el Ejército y el Rey habían dado de forma implícita a la Reforma.
De hecho, Juan Carlos I fue otro de los puntos de apoyo de Suárez. "El 80% de los votos fueron favorables porque los poderes de Franco los tenía Juan Carlos I, y porque cuando Franco murió pidió darle el mismo apoyo que le habían dado a él", recuerda Otero Novas. Pero no solo el Gobierno y los procuradores vieron en el Rey la clave para apoyar la Ley.
Ana María Ruiz-Tagle, exdiputada del PSOE y una de las 27 mujeres que formaron parte de las Cortes Constituyentes, relata a Europa Press que, pese a la clandestinidad, el Gobierno de Suárez mantuvo contacto con el PSOE y el PCE durante el proceso de elaboración de la norma gracias a la visión que aportó Juan Carlos I, quien fue "fundamental" para que esto sucediera así.
La exdiputada recuerda especialmente la convicción de Juan Carlos I de saltar hacia una estado democrático, especialmente tras un viaje que realizó a Estados Unidos después de la muerte del dictador. "Regresó con la idea de la apertura y de que había que transformar totalmente", expone.
TRAMITACIÓN 'EXPRÉS' Y VOTACIÓN NOMINAL
Otra de las estrategias utilizadas para favorecer la aprobación de la norma llegó de la mano del entonces presidente de las Cortes e impulsor de la ley, Torcuato Fernández-Miranda, quien propuso el procedimiento de urgencia para la tramitación y la votación nominal de los procuradores.
De este modo, la Reforma Política se debatió directamente en el Pleno, sin pasar antes por las comisiones. "El régimen de Franco lo permitía, eran legalidades muy favorables que sin ellas hubiera sido mucho más difícil aprobar la Ley", recuerda Otero Novas.
La prensa del momento dio a conocer esta maniobra de Fernández-Miranda como el "torcuatazo" y permitió "acelerar ritmos y suprimir comisiones dominadas por miembros del 'búnker' que hubieran generado una oposición a la Ley muy considerable y una posible división entre los procuradores", explica Sánchez-Cuenca.
La forma de votación también fue un aspecto que se escogió con el fin de agilizar el visto bueno: la presidencia de la Cámara se decantó por una votación nominal que retrata el voto. "Era importante hacerlo así porque existía el peligro de que si se votaba de forma anónima, hubiese muchos más 'noes'", concreta Diego López Garrido.
El 18 de noviembre, tras dos jornadas de debate en las Cortes, se produjo la votación. La respuesta fue contundente: 425 votos afirmativos, 59 negativos y 13 abstenciones. Tras esto, el 24 de noviembre el Gobierno publicó un Real Decreto por el que se acordó someter a referéndum el día 15 de diciembre el proyecto de Ley.
