Memoria.- Garzón cree que el franquismo tenía "un plan de exterminio" similar al que ejecutaron los nazis

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón asegura en el auto por el que se manifiesta competente para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo que los responsables de la insurrección armada de 1936 tenían "un plan sistemático de exterminio dilatado en el tiempo" que "requería el uso de la violencia" y era similar al que desarrolló la Alemania nazi.

La existencia de "un plan preconcebido" permite al juez contextualizar los delitos cometidos con posterioridad al 17 de julio de 1936 como crímenes de la humanidad, para lo cual apela a la denominada 'cláusula Martens', incluida en el II Convenio de La Haya de 1889 y en la que se fundamentó el juicio de Nuremberg contra los dirigentes de la Alemania nazi. Esta disposición establecía que los abusos cometidos por los vencedores de una guerra deben ser interpretados según el derecho común, por lo que constituyen actividades delictivas.

Así, el instructor asegura que los hechos cometidos a partir del Alzamiento Nacional, que tipifica como un delito permanente de detención ilegal contemplado en el Código Penal de 1932 y en el de 1995, tenían "una naturaleza sistemática y generalizada", por lo que constituyen "actos prohibidos por el derecho de la guerra".

Según Garzón, la inserrucción de Franco "estuvo fuera de toda legalidad y atentó contra la forma de gobierno", se desarrolló de "forma coordinada y consciente" y tenía "la determinación de acabar por las vías de hecho con la República mediante el derrocamiento del gobierno legítimo de España".

LA ENTREVISTA DE FRANCO

Para sustentar esta tesis, Garzón cita una entrevista concedida por el general Francisco Franco en Tánger el 27 de julio de 1936 en la que aseguraba: "Nosotros luchamos por España. Ellos luchan contra España. Estamos resueltos a seguir adelante a cualquier precio". "Tendrá que matar a media España", le repreguntaba el periodista Jay Allen, del Chicago Daily Tribune. "He dicho al precio que sea", concluía el general. La entrevista finalizaba con la convicción de Allen de que Franco "estaba dispuesto a acabar con la mitad de los españoles si ello era necesario para pacificar el país".

El auto también refiere una declaración que el capitán Gonzalo de Aguliera, conde de Alba de Yeltes, realizó al periodista norteamericano Jhon T. Whitaker, al que indicó que "había que 'matar, matar y matar' a todos los rojos para extirpar el virus bolchevique y librar a España de 'ratas y piojos'".

A este respecto, el magistrado compara estas afirmaciones con las de mariscal alemán Keiter, quien emitió una orden en la que aseguraba que, "a la vista de la gran extensión de las aéreas ocupadas en el Este, las fuerzas disponibles para establecer la seguridad en el área sólo serán suficientes si toda resistencia es castigada, no dentro de un procesamiento legal de los culpables, sino a través de la diseminación de tal terror por las fuerzas armadas que toda pretensión de resistencia del pueblo será erradicada".

PLAN PARA COMETER TORTURAS Y DESAPARICIONES

De esta forma, Garzón concluye que el Alzamiento Nacional "fue una decisión perfectamente planeada y dirigida a acabar con la forma de gobierno de España en ese momento, atacando y ordenando la detención e incluso la eliminación física de personas que ostentaban responsabilidades en los altos Organismos de la Nación".

A su juicio, el objetivo de este plan tenía "como medio o al menos como paso indispensable para desarrollar y ejecutar las decisiones previamente adoptadas sobre la detención, tortura, desaparición forzada y eliminación física de miles de personas por motivos políticos e ideológicos, propiciando, asimismo, el desplazamiento y exilio de miles de personas dentro y fuera del territorio nacional".

"Al igual que los vencedores de la Guerra Civil aplicaron su derecho a los vencidos y desplegaron toda la acción del Estado para la localización, identificación y reparación de las víctimas caídas de la parte vencedora, no aconteció lo mismo respecto de los vencidos, que además fueron perseguidos, encarcelados, desaparecidos y torturados por quienes habían quebrantado la legalidad vigente al levantarse en armas contra el Estado", explica.

"NO ES UNA CAUSA GENERAL"

El juez, que se manifiesta "consciente del grado de dificultad que entraña la investigación", resalta que los hechos objeto de denuncia "nunca han sido investigados penalmente por la Justicia española", aunque aclara que a partir de este trámite "no es posible la formación de una especie de causa general" como la que se llevó a cabo al finalizar la Guerra Civil.

No obstante, advierte de que "el propósito de estas diligencias es mucho más moderado y se concreta en el tema de la desaparición forzada de personas sin despreciar todos y cada uno de los datos e información que ayuden a formar la convicción sobre los hechos denunciados".

A efectos de la investigación, el auto divide la represión en tres etapas definidas: la represión masiva a través de los bandos de guerra, del 17 de julio de 1936 hasta febrero de 1937; la de los consejos de guerra sumarísimos de urgencia, entre marzo de 1937 y los primeros meses de 1945; y la acción represiva entre 1945 y 1952, marcada por la eliminación de guerrilleros y personas que les apoyaban.