MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno español debe "respetar la justicia", que es "independiente" y "puede decidir lo que estime oportuno", declaró hoy el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Angel Moratinos, en relación a la decisión de la Audiencia Nacional de investigar a siete militares israelíes por un bombardeo sobre Gaza en 2002.
Moratinos compareció esta tarde ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso para informar sobre las gestiones emprendidas por el Ejecutivo español durante la reciente crisis en Gaza. Tras la primera intervención del ministro y de la gran mayoría de los portavoces parlamentarios el presidente de la Comisión, Josep Antoni Duran i Lleida, interrumpió la sesión durante cinco minutos que se prolongaron a casi 20.
Cuando el titular de Exteriores volvió a entrar en la sala, relató a los periodistas que le esperaban que había tenido en esos minutos una conversación "muy interesante", aunque no precisó con quién. Al término de la Comisión, explicó que con quien había hablado era con la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, quien le trasladó su deseo de "reforzar e intensificar al máximo" las relaciones entre España y Estados Unidos.
Fuentes de su departamento indicaron que el ministro intentaría hablar esta tarde con su colega israelí, Tzipi Livni, y señalaron que ya se habían puesto en contacto con el embajador de Israel en España, Rafael Schultz, para facilitarle el auto del juez de la Audiencia Fernando Andreu.
Preguntado por la reacción que esta decisión ha originado en el Gobierno israelí, el ministro declaró: "La reacción de Israel es la reacción de Israel. La del Gobierno español es respetar la justicia". La "obligación" del Ejecutivo español, insistió, es "respetar la justicia y seguir trabajando por la paz", en la región.
Moratinos no quiso comentar si la decisión de la Audiencia le había o no sorprendido. Al término de la Comisión, el ministro informó de que aún no había hablado con Livni, pero en caso de que lo hiciera le diría que España "es un Estado de Derecho", por lo que el Gobierno no puede "intervenir en la justicia española".
No obstante, mostró la disposición del Ejecutivo español de hacer "todo lo necesario" para que la decisión adoptada por el juez Andreu "tenga el menor impacto" posible y "pueda tener una solución satisfactoria", si bien precisó que eso "depende lógicamente" de la justicia.
