LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Maria Australia Navarro, señaló hoy, en declaraciones a Europa Press, que "tiene respeto absoluto a la acción de la justicia" en referencia al registro que agentes de la Guardia Civil, por orden judicial, han llevado a cabo en el domicilio del consejero delegado territorial del Sur del Cabildo de Tenerife, Félix Sierra (PP).
Navarro, de todas formas, puntualizó que desconocía lo que había ocurrido, ya que aseguró que "no" sabía a que obedecía el registro que la Benemérita ha realizado en el domicilio de Sierra "pero siempre que sea a través de los órganos oportunos, con una orden judicial, hay que respectar y, no sólo la acción judicial, sino lo que es el respeto a la presunción de inocencia".
El domicilio de Sierra se encuentra en el municipio de Arona, al sur de la isla de Tenerife, y la Guardia Civil no descarta nuevos registros en otros locales y propiedades del consejero popular. La Benemérita confirmó, además, que Sierra está presente en los registros y prevé que los mismos se prolonguen varias horas.
Por otro lado, y según confirmaron fuentes municipales, las pesquisas en el domicilio del edil están relacionadas con una denuncia presentada por la Fiscalía de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio tras una demanda del portavoz del PSOE de Arona, Francisco García Santamaría, por presuntas irregularidades en la tramitación de 274 expedientes urbanísticos.
Sierra, imputado en el caso que está bajo secreto de sumario, ya prestó declaración el pasado 9 de mayo de 2007 en el Juzgado de Instrucción número 7 de Arona, aunque en aquella ocasión se negó a responder. La causa se inició a principios de 2007.
En la investigación también están imputados el actual alcalde de Arona, José Alberto González (CC), y siete ediles de la anterior corporación, entre los que se encuentra Sierra, por presuntos delitos de prevaricación continuada y contra la ordenación del territorio por la concesión irregular de licencias urbanísticas y por la adjudicación de obras. Las primeras actuaciones judiciales arrojaron cuatro detenciones.
