MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al exalcalde de Torrejón de la Calzada Eusebio García por prevaricar al adjudicar en su etapa al frente del Consistorio "plazas en propiedad a personas de su confianza que no contaban con la titulación requerida".
La sentencia fechada el pasado 4 de noviembre, a la que tuvo acceso Europa Press, condena al que fuera alcalde entre 2011 y 2019 como autor de un delito continuado de prevaricación administrativa, con la atenuante de dilaciones indebidas. Así, le impone multa de tres meses con una cuota diaria de 6 euros y le suspende de empleo o cargo público por tiempo de siete meses y quince días.
El Grupo Local Independiente de Torrejón de la Calzada (GLITC) está personado en la causa como acusación popular. Los hechos se remontan al Pleno municipal de 5 de julio de 2013 que aprobó una relación de puestos de trabajo (RPT) "arbitraria e irregular" con los votos a favor del PP y de su socio el PSOE. El GLITC votó en contra.
Según el fallo, dicha RPT fue declarada nula por no ajustarse a derecho por la Delegación de Gobierno y por sentencia del Juzgado número 34 de lo Contencioso-Administrativo de Madrid. Pese a ello, Eusebio García aprobó un decreto "siendo consciente de su ilegalidad", tal y como sostiene la sentencia.
En este decreto, entre otras irregularidades, nombró a cuatro jefes de servicio sin respetar la normativa vigente en cuanto a la contratación pública.
La sentencia indica que "el alcalde, de manera definitiva, adjudicaba plazas en propiedad a personas de su confianza que no contaban con la titulación requerida, y con una importante subida de sueldo a través de un complemento específico retributivo de productividad".
Con esta sentencia Eusebio García exalcalde del PP ya acumula penas de prisión, suspensión de funciones e inhabilitación para empleo y cargo público.
Para el portavoz del GLITC, Davis Blázquez, es "vergonzoso" que una vez más Torrejón de la Calzada sea noticia por las actuaciones ilegales del PP.
A finales de 2019, la Audiencia Provincial de Madrid inhabilitó al exalcalde durante siete años por un delito de prevaricación administrativa al municipalizar una piscina cubierta con spa sin pasar por el pleno del Ayuntamiento.
También se le condenó a 15 meses de cárcel y a ocho años de inhabilitación por prevaricación administrativa en relación a una obra ilegalmente construida durante su mandato.
