Olabarria (PNV) exige a Bermejo que avance en la descentralización de la Administración de Justicia en esta legislatura

BILBAO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PNV y portavoz en la Comisión de Justicia del Congreso, Emilio Olabarria, le exigió hoy al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que, "en esta legislatura, avance en la descentralización" de la Administración de Justicia.

Olabarria se refirió al Consejero General del Poder Judicial (CGPJ) y aseguró que, según el criterio del PNV, "la mayoría de las funciones que realiza el CGPJ, como la inspección, calificación, nombramientos o función sancionadora, deberían transferirse a los Consejos de las Comunidades Autónomas".

En relación también al CGPJ, Emilio Olabarria le exigió al Ministro de Justicia que "se aborde de una vez por todas la reforma del Consejo" porque, según aseguró, "urge que se aprueben medidas como el cese inmediato de los vocales una vez pasados cinco años de mandato y que se despolitice este órgano eliminando el actual sistema de cuotas".

En su opinión, el CGPJ "no solo se trata de una órgano absolutamente politizado, sino que, además, contamina políticamente al Tribunal Supremo y a los Tribunales Superiores de las Comunidades Autónomas porque es el CGPJ el que nombra a los magistrados de Sala". En ese sentido, Olabarria señaló que "se dan casos de personas procesadas sin haber cometido delitos, simplemente por cuestiones políticas".

Asimismo, Olabarria pidió a Fernández Bermejo que "el euskera sea un perfil lingüístico para jueces y magistrados que ejercen en Euskadi y no un mérito como lo es ahora".

Finalmente, Emilio Olabarria le trasladó al ministro de Justicia su preocupación por el informe del relator de Derechos Humanos de la ONU, "que vino a decir que los periodos de Incomunicación en el Estado español son elevados y propician ámbitos de impunidad dónde no son improbables las prácticas de torturas".

Según dijo, al PNV "le preocupa que la tipificación penal de los delitos de integración o colaboración con banda armada no se ajustan a los requerimientos del tratado de Derechos Civiles y Políticos ratificado por el Estado español".

Olabarria advirtió de que "el cumplimiento íntegro de las penas de cárcel equivale, en realidad, a la cadena perpetua que en estos momentos se supone que no está legalizada en el ordenamiento jurídico español".