Publicado 21/04/2021 14:06

Oltra conoció la investigación a su exmarido cuando llegó la citación judicial a su domicilio y niega trato de favor

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra
La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

Asegura que nadie lamenta más que ella lo ocurrido a la menor "porque es el triste colofón a la vida de una niña a quien todo falló"

VALENCIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha afirmado que conoció la investigación a su exmarido, educador en un centro, sobre el caso de abusos a una menor tutelada por el que ha sido condenado a cinco años de prisión cuando llegó la citación judicial a su domicilio. "Lo supo Mónica Oltra, no la vicepresidenta", ha aseverado, al tiempo que ha negado que hubiera trato de favor.

Así lo ha desvelado Oltra en su comparecencia en Les Corts para dar explicaciones sobre la actuación de su departamento en este caso, en la que ha defendido que los hechos probados "no hacen ninguna referencia a la Generalitat, la Vicepresidencia y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas" ni a ella misma.

Según ha explicado, conoció los hechos el viernes 4 de agosto de 2017, mientras estaba de vacaciones, por una llamada que avisaba de la llegada de esta citación al domicilio. "Conocí este asunto por mi circunstancia personal, no por mi cargo", ha indicado. La investigación en el centro había comenzado en el mes de febrero.

"Es posible que a muchos de ustedes les resulte difícil entender que me haya enterado de cosas de manera fortuita o circunstancial. Lo entiendo perfectamente. Yo también pensaría esto si no hubiera vivido el auténtico desbarajuste que nos encontramos en el sistema de protección de personas menores de edad", ha aseverado.

Así, ha asegurado que en 2015, se encontraron con un sistema "privatizado, sin orden ni concierto, sin instrucciones claras al personal, que funcionaba más por la inercia que la experiencia que por órdenes claras", algo que "ciertamente se intuía en la sentencia", aunque ha afirmado "no necesitar una sentencia para saberlo".

En este sentido, ha recordado su intervención en Les Corts del 24 de mayo de 2017, que fue "muy criticada" y que "resulta premonitoria". En aquel momento dijo: "Si de alguna cosa pecamos en la Conselleria al inicio del mandato fue pensar que, al menos, cuando llegamos a un departamento donde la dependencia estaba deshecha, la discapacidad desatendida, las personas mayores sin suficientes plazas y un sistema de accesibilidad ilegal, cuando todo estaba deshecho, pensábamos que al menos el tema de los niños y niñas no estaría tan mal". "Efectivamente, ahí me equivoqué", ha manifestado.

Y ha recalcado: "Nadie, ni dentro ni fuera de esta sala lamenta más que yo lo que le ha ocurrido a Maite porque es el triste colofón a la vida de una niña a quien todo falló desde el principio". Además, ha manifestado que desde que llegó al Consell ha tenido una "divisa", que es "trabajar cada día por tener una red de protección a los niños y niñas que lo requieren". "Un sistema que impida que haya más 'Maites'", ha aseverado.

TRATO DE FAVOR

"Es bien conocido que el condenado es una persona con quien mantuve una relación conyugal en el pasado, pero no es esta relación la que se ha juzgado en los tribunales. Más aún, esa relación no ha afectado en nada mis actuaciones al frente de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad ni en ningún otro ámbito del gobierno", ha manifestado.

Así, ha puesto como ejemplo que a su llegada al departamento, en 2015, informó de que esta persona todavía era formalmente su marido, por lo que entendía que "se imponía un deber de abstención por su parte de las decisiones que afectan a este centro, así como no intervenir en ningún asunto que tenga relación directa".

Respecto al trato de favor, ha defendido que el educador trabajaba en el centro desde 2010, cinco años antes de que ella fuera nombrada consellera, y que el centro es privado, por lo que es la dirección quien decide la contratación de trabajadores.

Para la vicepresidenta, es otra demostración de que no hubo trato de favor el hecho de que la defensa del acusado no conociera la existencia del informe de la Fundación Espill durante el primer juicio. "Me acusan de dar consignas para elaborar informes que benefician la estrategia de defensa del educador al mismo tiempo que también me acusan de ocultar esos mismos informes al tribunal. ¿En qué quedamos? Si se hubiera querido proteger a alguien, obviamente, 'ocultar' información que puede resultarle favorable no es la mejor manera, ¿no creen?", ha manifestado.

También ha negado que se diera un trato de favor al centro, al que se dan subvenciones desde 1997, y que en 2017 se le realizaron tres inspecciones, la última el 31 de octubre. "Con el PP solo en cinco años hubo una", ha aseverado.

"OCULTACIÓN DE APELLIDOS"

Respecto a la "ocultación de los apellidos" del acusado, han estudiado 60 informes de este tipo para "comparar la mecánica", y han concluido que "la metodología es bastante aleatoria y depende del criterio de quien redacta el informe". En este caso concreto, el educador aparece nombrado 60 veces: tres con nombre completo, el "educador" en 45 ocasiones; el nombre con el apellido, en una ocasión y el nombre y la inicial del apellido en otra ocasión.

También ha negado que la actuación fuera diferente al del centro de Segorbe, del mismo año; y ha descartado sesgo en la actuación de las funcionarias de Conselleria y la del Instituto de Medicina Legal, ya que ambas pertenecen a la misma administración, la Generalitat.

Igualmente, ha asegurado que la sentencia "valora, pero no prueba" que se haya producido una situación de "hostilidad" por parte de la Conselleria por el hecho de que las trabajadoras consideraran poco creíble su relato, y ha remarcado que ninguna de ellas dijo tener ninguna consigna al respecto.

Respecto a la policía, ha afirmado que le queda "una pregunta" sobre la que "no tiene respuesta": "¿El grupo de menores de la Policía Nacional conocía en febrero de 2017 estos hechos? Según me he enterado por la sentencia, sí. ¿Lo comunicó a Fiscalía? ¿Se inició algún tipo de procedimiento o investigación?", se ha preguntado. En la réplica, ha negado que esto sea una crítica al cuerpo de seguridad.

CRONOLOGÍA DE LAS ACTUACIONES

Durante su intervención, la vicepresidenta ha hecho una cronología de los hechos. En febrero de 2017, la directora del centro no vio indicios, y el 28 de ese mismo mes, la técnica de la Dirección Territorial afirmó que tampoco los veía.

Oltra ha explicado que el protocolo que regía en aquel momento no obligaba a comunicar los hechos a Fiscalía ni a instancias superiores de la Conselleria si no se veían indicios sólidos del delito, algo que cambió en septiembre de ese año, cuando una instrucción de la Dirección General de Infancia y Adolescencia exhortó a los centros a poner en conocimiento del fiscal cualquier denuncia de este tipo.

Los hechos llegaron a manos de la justicia a partir de junio, cuando la Policía encontró a la menor después de fugarse. Esto sucedió el día 22, y el 6, 10 y 14 de julio, la Fiscalía instó al traslado de centro de la menor, hecho que se produce el 16 de agosto.

El 28 de julio se acordó la prohibición al educador de aproximarse a menos de 200 metros de la menor y comunicarse con ella. Ya en agosto, después de que Oltra recibiera la citación el día 4, el lunes siguiente (7), el jefe de gabinete informa al subsecretario de la notificación, y el 8, la Dirección General de Infancia y Adolescencia ordena la apertura de expediente informativo por haber tenido "conocimiento verbal en el día de hoy".

El 11, la subsecretaría dictó una resolución por la que instaba a las direcciones territoriales a ofrecer la máxima colaboración con Fiscalía de menores. El 21 de agosto, Infancia abre expediente y se deriva a la Fundación Espill para su valoración, que comienza el 25 de ese mismo mes. La valoración termina en noviembre, y se incorporan las conclusiones al expediente informativo de la dirección general, que se remite a Fiscalía el 30 de noviembre.

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