MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -
La operación Grapa contra el amaño de contratos dentro de la Policía Nacional arrancó a mediados de 2016 y se centra en su División Económica y Técnica, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación. Estas fuentes aseguran que no hay ningún mando policial entre los 14 detenidos que pasarán la noche en dependencias policiales, siendo un facultativo el de mayor jerarquía.
La Fiscalía Anticorrupción ha ordenado este miércoles la detención de 14 personas, entre ellos seis funcionarios de la Policía Nacional (no todos agentes) y uno de la Dirección General de Tráfico (DGT), según informaron a Europa Press fuentes policiales. De los trabajadores de la Policía, los agentes arrestados son de la escala básica y el trabajador de mayor jerarquía es un facultativo.
Dentro de la Policía existen plazas ocupadas por la escala de Facultativos y Técnicos. Son trabajadores encargados de la cobertura y apoyo de la función policial que se cubren por ley de acuerdo a las necesidades internas. De esta forma, se contrata a especialistas temporalmente.
Los otros siete detenidos en la operación Grapa son trabajadores de una empresa relacionada con los servicios prestados a las direcciones generales de la Policía y la DGT, ambas pertenecientes al Ministerio del Interior. En la investigación ha participado el Grupo II de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, que se ha encargado de destapar, en coordinación con Anticorrupción, una supuesta organización criminal.
Con la llegada en noviembre de 2016 de Juan Ignacio Zoido al Ministerio del Interior, se procedió a una completa remodelación de la cúpula policial. Fuentes policiales precisan que la operación Grapa afecta a funcionarios que trabajaban para la institución desde antes del cambio de Gobierno. Además de la dirección adjunta operativa (DAO), para quien se confió en Florentino Villabona, otro de los cargos que se cambiaron fue el de responsable de la División Económica y Técnica, que asumió el pasado 23 de mayo Esteban Gándara Trueba.
La operación Grapa ha desmantelado una organización que, desde el seno de la Policía, cobraba mordidas a cambio de amañar diversos contratos relacionados con el servicio de cafetería y comidas, además de la confección de uniformes y obras. El operativo se está instruyendo en el Juzgado número 50 de Madrid.
REGISTROS POR SIETE DELITOS
Según ha informado Anticorrupción en un comunicado, este juzgado ha autorizado un total de 22 registros domiciliarios y de entidades sociales en los partidos judiciales de Madrid, Pozuelo de Alarcón, Móstoles, Navalcarnero, Ávila, Arenas de San Pedro y Guadalajara.
Desde la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada se ha solicitado también la adopción de medidas cautelares consistentes en el bloqueo de cuentas bancarias, embargo de 13 vehículos (la mayoría de alta gama), así como la anotación preventiva de embargo y prohibición de disponer de un total de seis inmuebles.
La operación Grapa ha destapado una organización de la que formaban parte funcionarios públicos y empresarios confabulados para amañar concursos tanto en la Dirección General de la Policía como de la Dirección General de Tráfico. Los funcionarios públicos se habrían estado beneficiando económicamente de forma ilícita, a cambio de favorecer la adjudicación de contratos públicos a empresas privadas.
Los hechos investigados son susceptibles, según Anticorrupción, de ser calificados como delitos de organización criminal, fraude a las Administraciones Públicas, prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, contra la Hacienda Pública y un delito continuado de blanqueo de capitales.
