La oposición acusa a Gallardón de aprovechar la crisis para imponer "prácticas privatizadoras" en la Justicia

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición en el Congreso han acusado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de utilizar la crisis económica como un "pretexto" para introducir "prácticas privatizadoras y clientelares" en la Justicia y han calificado sus presupuestos para 2014 como los de "la injusticia y la mentira".

Así se han pronunciado los diferentes portavoces parlamentarios durante el debate celebrado en el Pleno de la Cámara Baja a propósito del proyecto de presupuestos de la cartera de Justicia para el próximo ejercicio.

El único grupo en hacer mención a la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido UPyD, cuyo diputado Toni Cantó ha "felicitado" irónicamente a los principales grupos por el "reparto" del órgano de gobierno de los jueces. "No se ha llevado a cabo como es debido porque Rubalcaba ha tenido un ataque de gripe, no de responsabilidad política, quizá le bajaron las defensas en la Conferencia Política", ha dicho.

El parlamentario de la formación magenta ha reprobado que Gallardón se propusiera al asumir la cartera "despolitizar" la Justicia, pero que "al llegar al cargo se le fuera un poco la idea". "Es preferible faltar a su palabra a que les falte la poltrona", ha afirmado, comparando esta situación con la vivida en Asturias.

Mientras que UPyD ha cargado contra una Justicia "politizada y de baja calidad", los diputados del PSOE, CiU y la Izquierda Plural (IU-CHA-ICV) han clamado contra la "precarización" de la Administración de Justicia, donde se ha impuesto un "modelo del poder y al servicio del mercado", un "tasazo" y un "ERE" de más de 1.000 jueces sustitutos y magistrados suplentes.

EL PSOE PIDE UN MÍNIMO DE 300 PLAZAS DE JUECES Y FISCALES

Así, el portavoz socialista en Justicia, Julio Villarrubia, ha defendido que se convoquen al menos 300 plazas de nueva creación para jueces y fiscales y se destinen 250 millones de euros a modernizar esta Administración. En su opinión, el modelo de los 'populares' está basado en "desmantelar la Justicia como servicio público en favor de los negocios privados".

El diputado de CiU Pere Macías ha reprochado que los ingresos de las tasas solo reviertan en la Administración estatal y ha tildado de "alarmante" que el Gobierno no haya destinado "ni un solo euro" a "mejorar" el turno de oficio. "La Justicia no supone ninguna prioridad para el Gobierno", ha remachado.

Para el portavoz en Justicia de la Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, el Gobierno está "aprovechando la crisis para cambiar el modelo de Justicia" y sus cuentas desmienten el compromiso de destinar más de 300 millones a la justicia gratuita. "Usted no ha puesto tasas a los ricos para prestar servicio a los pobres. Ha puesto tasas para recaudar Hacienda y la partida de la justicia gratuita es prácticamente idéntica a otros presupuestos", ha dicho.

Así se han expresado después de que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, defendiera la idea de "hacer más con menos" y de construir un sistema "más eficiente". "Estamos en un tiempo de cambio, de reflexión, de rectificación y de iniciativa", ha dicho.

Para Gallardón, la experiencia pasada ha demostrado que se incurría en un "vicio de origen" al resolver los problemas a base de incrementar únicamente la asignación presupuestaria. "La experiencia del expediente judicial electrónico y los 400 millones de euros invertidos en él sin resultado reseñable es bastante elocuente", ha expuesto.

Dicho esto, ha destacado el ahorro de 3 millones de euros obtenido en arrendamientos desde que asumió el cargo y su propósito de mantener de forma "permanente" la convocatoria anual de plazas de jueces y fiscales.

"La profesionalización de la Administración de Justicia tiene como efecto añadido, además de una mayor calidad en los procesos y sentencias, un ahorro de gasto por sustituciones que solo en 2013 se cifrará entre 10 y 11 millones de euros, aun cuando el real decreto que lo ha hecho posible no fue aprobado hasta el pasado 20 de septiembre", ha concluido.