PSOE e IU-ICV echan en falta un "endurecimiento" contra la corrupción y creen que el Gobierno "criminaliza" el descontento social
MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los grupos de la oposición han sido unánimes en su crítica contra el nuevo Código Penal, que introduce "de forma eufemística la cadena perpetua", no endurece los delitos de corrupción pero sí medidas que "criminalizan" las conductas del descontento social. "Fernández y Gallardón son un peligro para los derechos civiles", ha dicho el diputado de ERC Joan Tardá.
Así se han expresado distintos parlamentarios del PSOE, la Izquierda Plural, CiU, PNV o formaciones del Grupo Mixto en su defensa de las enmiendas de totalidad en las que piden devolver al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el proyecto de ley del Código Penal.
Los diputados han vertido críticas contra la prisión permanente revisable por ser "incompatible" con la reinserción del reo, el "humanismo" y los principios básicos del derecho penal de las sociedades "modernas, dignas y civilizadas".
Además de tildar de "populista" y "autoritario" el nuevo texto penal, los grupos han advertido de que España ya cuenta con uno de los códigos más duros del entorno europeo, con una altísima población reclusa y con bajos índices de criminalidad.
Varios diputados han destacado que "no hay nada contra la corrupción", mientras que han sacado a colación la nueva Ley de Seguridad Ciudadana o la próxima regulación del derecho de huelga para denuncia que el Gobierno busca "acallar las voces discrepantes".
"DURARÁ LO QUE DURE EL GOBIERNO DEL PP"
El portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia, Julio Villarrubia, ha acusado al Gobierno de tejer un "entramado legal" para "criminalizar" el descontento social castigándolo como una infracción administrativa o un delito.
"Es una forma de disuasión de ejercer los derechos fundamentales impropia de un estado democrático. Una vez más este Gobierno es fuerte con los débiles y débil, muy débil, con los fuertes", ha remachado.
Tras recordar la purga a los inspectores de la Agencia Tributaria o los policías que investigan la corrupción, Villarrubia ha lanzado un mensaje al ministro de Justicia: "Debe saber, señor ministro, que esta reforma también durará lo mismo que el Gobierno del PP, bastante poco". El PSOE ya presentó recursos de inconstitucionalidad contra las tasas judiciales o la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Por su parte, el portavoz de Justicia de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Gaspar Llamazares, considera también que el Gobierno hace "un traje a medida" en la Ley de Seguridad Ciudadana y en el Código Penal para todos aquellos que "han hecho escraches, han impedido desahucios o han participado en movilizaciones sociales".
"Es la reforma de la venganza, es autoritaria y un intento de acallar las voces discrepantes", ha proseguido Llamazares, que ha reprochado que Gallardón plantee "de forma eufemística poner en marcha la cadena perpetua" cuando ningún país europeo contempla una reclusión de 40 años o una revisión en los plazos propuestos por el proyecto de ley.
REFORMA OPORTUNISTA Y ELECTORAL
Para la diputada de CiU Montserrat Surroca, el texto no es eficaz para resolver los problemas de criminalidad, pero sí es "partidista y oportunista" bajo la intención de obtener un rédito electoral. "¿Qué necesidad hay de introducir una prisión de por vida?", se ha preguntado.
De su lado, el diputado del PNV Emilio Olabarria ha echado mano de las palabras del 'popular' Federico Trillo en 2010, en las que cuestionaba una pena de estas características y el "encarnizamiento" del sistema punitivo. Ha negado que esta reforma no tenga un impacto económico y ha preguntado al ministro si contratará "becarios o funcionarios".
Desde el BNG, la diputada Olaia Fernández ha considerado una "vuelta atrás" el proyecto de ley y ha pedido hacer una "reflexión serena" frente a la idea de "restaurar penas inhumanas, como es la permanencia indefinida en prisión" con un amplio margen de discrecionalidad. La parlamentaria de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha criticado a su vez el tratamiento de la prostitución, la explotación sexual o el racismo.
El diputado de ERC Joan Tardá ha cargado también contra el "populismo punitivo" y el "sensacionalismo" que inspira esta reforma, con una excesiva contemplación hacia el blanqueo de capitales o la corrupción urbanística. "Jorge Fernández y Alberto Ruiz Gallardón son un peligro para los derechos civiles, convierten a España en una inmensa cárcel de pobres", ha añadido.
El diputado de Compromís Joan Baldoví ha tildado de "aberrante" el proyecto del Ejecutivo, el cual propone "de forma sibilina una cadena perpetua", mientras "llena las calles de corruptos o conductores kamikazes" que han pedido su indulto.
Por último, Sabino Cuadra, de Amaiur, cree que el Gobierno "necesita buscar nuevas ETAs y kales borrokas y crear nuevos enemigos en las mareas, en el 15M y en todas las movilizaciones sociales para aplicarles un traje penal".
