Piden fomentar la especialización y formación de los jueces y magistrados y tomar medidas para reducir la carga de trabajo
MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
La oposición reclama al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se abandone la discrecionalidad en la política de nombramientos de jueces y magistrados e insta a garantizar la paridad entre hombres y mujeres en la carrera judicial. Asimismo, solicitan a la institución presidida por Carlos Lesmes que se fomente la especialización de los juzgados españoles para aumentar la calidad de la Justicia.
Así se recoge en el centenar de propuestas de resolución que han presentado los grupos parlamentarios a la última memoria del CGPJ, a las que ha tenido acceso Europa Press, y que se votarán mañana en el Pleno del Congreso.
El PSOE es uno de los grupos parlamentarios que reclama que se garantice la equidad entre hombres y mujeres en los nombramientos para los órganos de gobierno de juzgados y tribunales, así como en cualquier plaza de la carrera judicial. En esta línea, en aras de la igualdad en el ejercicio de las funciones constitucionales, propone al Consejo General del Poder Judicial que los 20 vocales de esta institución roten anualmente en la composición de la Comisión Permanente.
Asimismo, para salvaguardar la imparcialidad y la transparencia de los jueces y magistrados, llama a que se mejoren y se hagan públicos los procedimientos y normas de reparto de causas judiciales.
Sin embargo, el PP --que no se posiciona sobre la política de nombramiento--, teniendo en cuenta la "visión real del estado" de la Justicia, apuesta por la creación nuevas plazas para dar una mayor respuesta a los ciudadanos en el tiempo de resolución de procedimientos y por la mejora de las condiciones laborales de los jueces y magistrados.
Para contribuir en reducir el tiempo de demora de las resoluciones, los populares abogan por la especialización de aquellos juzgados que experimentan una sobrecarga de trabajo. También consideran oportuno que se fomenten la formación y la sensibilización de los jueces sobre las causas relacionadas con las víctimas de violencia de género o la sustracción Internacional de Menores, cada vez "más frecuente".
CONCILIACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA JUSTICIA
Ciudadanos, además de recalcar que se tomen las medidas oportunas para garantizar la conciliación familiar y laboral de los distintos profesionales de la justicia, también enfatiza que la formación y especialización de jueces y magistrados no puede "comprometer la imagen de independencia" de los miembros de la carrera judicial.
En esta línea, destaca que se debe revisar los criterios de compatibilidad vigentes que regulan la asistencia de jueces y magistrados a cursos de formación y conferencias y que en muchas ocasiones "pueden poner en duda la imparcialidad de éstos".
Entre las propuestas de resolución del grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, se encuentra la solicitud al CGPJ de que se definan reglamentariamente los módulos y la carga de trabajo que pueden tener los jueces y magistrados en los distintos órdenes jurisdiccionales. También pide la elaboración de un método que permita "evaluar, preservar y mejorar" la calidad de las decisiones judiciales.
IMPULSO A LAS LENGUAS OFICIALES
Por su parte, los partidos independentistas catalanes y el nacionalista vasco --al igual que Unidos Podemos-- defienden el uso de las lenguas cooficiales en la Justicia e instan al CGPJ a impulsar medidas que refuercen la utilización y que el conocimiento de las lenguas oficiales distintas al castellano sea un "requisito" para acceder a las plazas judiciales en territorios con lenguas oficiales propias.
En el caso del Partido Demòcrata Europeu Català (PDeCAT)subrayan que el uso del catalán es "muy bajo y va decayendo año tras año", algo que, según apuntan, preocupa al Consejo de Europa. ERC pide que el órgano de gobierno de los jueces cumpla la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias de 1992 y ratificada por España en 2001 haga efectiva de forma "inmediata y categórica" el derecho de los ciudadanos de los territorios con lengua propia a relacionarse con la Administración de Justicia en esos idiomas.
