MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Senado ha recibido otro escrito de un juzgado valenciano, el de Instrucción 16, que le pregunta por la condición de senadora de Rita Barberá, en este caso por un supuesto delito de desobediencia, ha informado el vicepresidente primero de la Cámara, Pedro Sanz.
Se ha repetido la situación del pasado 23 de febrero, cuando la institución recibió la misma pregunta por parte del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, el que instruye la Operación Taula y el caso Imelsa. Y como en aquella ocasión, la Mesa del Senado ha decidido remitir el escrito al Supremo para que sea este tribunal quien responda.
El alto tribunal cuenta con la lista actualizada de diputados y senadores puesto que le corresponde a él llevar cualquier causa en la que estos estén implicados. El Senado entiende que es al Supremo a quien deben dirigirse los juzgados de instrucción, por lo que ahora como entonces, le remitirá los escritos que ha recibido sobre Rita Barberá.
En esta ocasión, según la información remitida al Senado, se trata de un delito de desobediencia supuestamente cometido por la exalcaldesa al incumplir la Ley de Memoria Histórica cuando estaba al frente del Ayuntamiento. Hay una denuncia contra ella que deberá estudiar el Supremo.
Si el alto tribunal decide investigar a Rita Barberá por este asunto o por el otro, tendrá que solicitar que el Senado le retire el aforamiento, que conceda un suplicatorio. Es un procedimiento que debe ser aprobado por el Pleno de la Cámara y cuya tramitación es secreta, como la votación final, cuyo resultado no se da a conocer públicamente.
SIN PRESENCIA EN EL SENADO
La exalcaldesa no ha aparecido por el Senado desde que tomó posesión del escaño, el 13 de enero. No acudió a la constitución de las comisiones parlamentarias ni a la reunión del grupo parlamentario con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Según explicó públicamente ella misma, decidió que era mejor no hacerlo a la espera de que se aclarase su situación en relación con la Operación Taula, que investiga un supuesto blanqueo de capitales en el PP del Ayuntamiento de Valencia. Unos días después, Barberá ofreció una rueda de prensa en la que negó cualquier relación con el caso ni tener conocimiento de actividades ilegales en el consistorio, y defendió su trabajo en política.
La exalcaldesa tendrá ocasión de volver al Senado el próximo martes porque se ha convocado el primer Pleno de la legislatura, y no será la única oportunidad. La institución prevé celebrar otro Pleno en marzo y dos más en abril, antes de que el 2 de mayo expire el plazo para elegir presidente del Gobierno; de no lograrlo ningún candidato, volverán a disolverse las Cortes para convocar elecciones generales.
UNA DENUNCIA POR LA MEMORIA HISTÓRICA
En el juzgado de Instrucción número 16 de Valencia recayó en su día una denuncia del diputado socialista en el Congreso José Luis Ábalos; el portavoz del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, Matías Alonso, y un abogado contra Barberá por un delito de desobediencia y denegación de auxilio, y subsidiariamente una falta contra el orden público, por incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica por mantener símbolos franquistas en la ciudad durante su mandato.
Inicialmente, la denuncia se presentó en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en abril del pasado año, que se inhibió con la pérdida de aforamiento de la entonces alcaldesa al dejar de ser diputada cuando se disolvieron las Corts en mayo. De ahí, se volvió a formular en el juzgado número 16, que a finales de ese mes, inició diligencias y pidió certificación de si en ese momento Barberá volvía a ser diputada en la cámara autonómica.
A la vista de la acreditación afirmativa, dado que se habían constituido las Corts, el juzgado se inhibió a favor del TSJCV en junio. En septiembre, la sala de lo Civil y Penal del alto tribunal valenciano se declaró no competente para instruir la causa porque Barberá había sido designada senadora territorial por el parlamento valenciano el 22 de julio, por lo que debía corresponderle el asunto a la sala segunda del Supremo. En este punto, el TSJCV devolvió al juzgado de las actuaciones y la denuncia para que se procediera "conforme a derecho".
Ahora, el juzgado ha preguntado si Barberá ostenta la condición de parlamentaria en la Cámara Alta. En la denuncia, se citaba como símbolos franquistas mantenidos en la ciudad durante el mandato de Barberá el Monumento a los Caídos en la Plaza de la Porta de la Mar, escudos anticonstitucionales en centros o en la fachada de edificios de la Guardia Civil, entre otros.
MIEMBRO DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE
Todos estos trámites judiciales en torno a Rita Barberá se van a producir en plena incógnita sobre si se repetirán o no los comicios. Aunque se repitan, será necesario que se apruebe el suplicatorio en caso de que el Supremo investigue a la exalcalesa, ya que pertenece a la Diputación Permanente del Senado, el único órgano que funciona en periodo electoral. Según sostiene la Cámara Alta, sólo los componentes de la Diputación mantienen el aforamiento aún con las Cortes disueltas.
La exalcaldesa de Valencia ya formó parte de la Diputación Permanente en la pasada legislatura, desde que llegó al Senado tras perder las elecciones municipales de mayo. La oposición censura que el PP blinda de esta manera a Rita Barberá, que prolonga su aforamiento, mientras su partido lo niega puesto que si ha de ser juzgada, recalca, lo será en cualquier caso, sólo que ante otra instancia, el Supremo.
