BARCELONA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
La reunión de la Mesa del Parlamento catalán de este martes ha acordado por mayoría pedir al Tribunal Constitucional (TC) que no admita a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra la declaración de soberanía que aprobó la Cámara catalana el 23 de enero con los votos de CiU, ERC, ICV-EUiA y un diputado de la CUP.
En declaraciones a los periodistas, la presidenta del Parlamento autonómico, Nuria De Gispert, ha explicado que plantearán esta petición al tribunal aprovechando la respuesta a la providencia que el TC transmitió a la Cámara catalana para que aclarase si la declaración de soberanía seguía vigente.
El tribunal reclamaba que el Parlamento explicase si la propuesta del PSC aprobada el 13 de marzo que pedía iniciar un "diálogo" entre Generalitat y Estado para organizar una consulta de autodeterminación en Cataluña invalidaba la declaración de soberanía avalada en enero, un extremo que todos los partidos negaron.
De Gispert ha explicado que, junto a la providencia, el TC ha hecho llegar al Parlamento catalán el escrito con el que la Abogacía del Estado sustentó el recurso que el Gobierno central presentó contra la declaración de soberanía por considerarla incompatible con la Constitución, ya que, a su juicio, la soberanía recae en el conjunto de los españoles.
Esta circunstancia que, según la presidenta del Parlamento autonómico, no es habitual, ha llevado a la Mesa a acordar que, junto a la respuesta avalando las dos declaraciones de la Cámara, se presentarán una serie de alegaciones para que el TC ni siquiera admita a trámite el recurso impulsado por el Estado.
"Pedimos que, ya que no se ha admitido a trámite todavía el recurso, nos permitan defender su inadmisibilidad", ha resumido De Gispert, que ha puesto como precedente una decisión del mismo tribunal respecto al recurso que el Gobierno de José María Aznar había presentado contra la tramitación del 'Plan Ibarretxe'.
Entonces, el TC permitió al Gobierno vasco defender la no admisión a trámite del recurso, y acabó dándole la razón y rechazando los argumentos del Ejecutivo central al entender que no podían tramitarse unos recursos que se dirigen contra actos de las administraciones autonómicas "sin valor legal alguno".
Es en este punto en el que se centrarán las alegaciones del Parlamento, al subrayar como ya han hecho con anterioridad que las propuestas de resolución de la Cámara catalana no tienen valor legal, sino que son simplemente posicionamientos políticos.