PAMPLONA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Parlamento de Navarra acordó esta mañana desistir del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Cámara a varios artículos de la Ley de Dependencia, una vez que los Gobiernos central y navarro alcanzaron un acuerdo en el marco de la Junta de Cooperación. Todos los grupos apoyaron la retirada, excepto Nafarroa Bai, que se abstuvo.
El portavoz de UPN, Carlos García Adanero, explicó que el recurso se interpuso por dos cuestiones, una competencial y otra financiera sobre "cómo debía recibir Navarra la aportación del Estado para llevar a cabo las políticias de obligado cumplimiento". Señaló que, una vez resueltos ambos temas en la Junta de Cooperación, se trata de "litigar por litigar". Mostró la "satisfacción por el acuerdo" alcanzado entre las administraciones central y navarra.
Desde el PSN, Roberto Jiménez manifestó que el recurso no se debiera haber interpuesto jamás. Defendió que se trata de una ley que afecta en la Comunidad foral a 15.000 personas y que puede llegar a crear 8.000 puestos de trabajo.
José Andrés Burguete, de CDN, señaló que el recurso presentado no era un "ataque político al Gobierno de Zapatero", sino que "sustento jurídico suficiente". Explicó que en la Junta de Cooperación ya se resolvieron las "discrepancias" existentes entre ambas Administraciones y que se reconocieron las coompetencias de cada una. Por ello, añadió, ya no tiene sentido el recurso.
El portavoz de IUN, Ion Erro, dio la "bienvenida a la razón" a UPN y a CDN porque "con sus declaraciones vienen a trasladar que el recurso de inconstitucionalidad obedecía a motivaciones políticas y no legales". Manifestó que no ha habido cambios en la Ley de Dependencia que justifique la retirada del recurso y que ambos partidos "montaron un gurigay" por "enfrentarse" al Gobierno de Zapatero.
Desde las filas de Nafarroa Bai, Patxi Zabaleta justificó la abstención de su grupo. Expuso que la retirada se va a llevar a cabo sin un "informe jurídico del Consejo de Navarra ni de asesores jurídicos". Según añadió, la defensa de los derechos de los ciudadanos se puede hacer también desde los gobiernos autonómicos e incluso con "más efectividad".
