PGE.- PP exigirá incluir a Andalucía en una cláusula que prevé mil millones más en inversiones para Cataluña y Baleares

Europa Press Nacional
Actualizado: jueves, 2 octubre 2008 16:56

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP presentará una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2009 en la que pedirá que Andalucía sea incluida en una cláusula que se recoge en el informe económico y financiero de las cuentas del próximo año donde se prevé, en cumplimiento de los Estatutos de Cataluña y de Islas Baleares, un crédito de mil millones de euros para incrementar las inversiones en las citadas comunidades en compensación por los posibles déficits de ejecución en los ejercicios 2007 y 2008.

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, dio a conocer hoy en rueda de prensa la existencia de esta cláusula, que supone que a los 4.626 millones de euros en inversiones que contemplan los PGE para Cataluña y a los más de 300 para Islas Baleares se sume otra cantidad de mil millones a distribuir entre las dos comunidades. Expuso que durante el trámite de las cuentas estatales en las Cortes Generales exigirán, a través de una enmienda, el aumento de la cuantía de esa cláusula para que a Andalucía se le dé la cantidad que le corresponde, apuntando que, por lo pronto, ya hay un déficit de inversiones no ejecutadas en la comunidad correspondiente a 2007 de 329 millones.

Se preguntó cómo Chaves puede "tolerar esta situación y que Andalucía no esté contemplada en esa disposición del informe económico y financiero", lo que supone un nuevo "incumplimiento" del Estatuto de Autonomía, donde también se establece que la comunidad percibirá el dinero por las inversiones del Estado no ejecutadas.

El PP llevará también este asunto al Parlamento andaluz en el debate general sobre las repercusiones en Andalucía de los PGE de 2009 que se celebrará la próxima semana y donde denunciará, según Sanz, que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, está "pisoteando" el Estatuto de Autonomía de Andalucía, con el "apoyo" del presidente de la Junta, Manuel Chaves.

Para Sanz, se ha cometido un "grave incumplimiento" del Estatuto de Autonomía, donde se dice que Andalucía recibirá inversiones del Estado en función de su población, algo que no se ha producido porque, según dijo, siendo la comunidad más poblada de España recibirá 4.410 millones, por debajo de los 4.626 que se destinan a Cataluña. Si a Andalucía se le hubiera dado el mismo trato que a Cataluña y se hubiera tenido en cuenta su población real, según agregó el dirigente popular, tendría que haber recibido por inversiones una cantidad de 5.171 millones en 2009.

Esta situación, en opinión de Sanz, es absolutamente "intolerable" y el "colmo de los despropósitos", al tiempo que consideró como lo más grave que Manuel Chaves se mantenga "arrodillado y con un silencio cómplice" ante los "despropósitos, ataques y afrentas" de Rodríguez Zapatero hacia Andalucía.

"Nunca antes se había agraviado tanto a Andalucía como lo está haciendo Rodríguez Zapatero, algo que permite Chaves de manera sumisa y cómplice", sentenció Sanz, quien se mostró convencido de que cualquier otro presidente autonómico ya habría montado una tienda de campaña delante de la Moncloa para dar la cara por su comunidad.

Insistió en que los PGE de 2009 son la "demostración del desprecio absoluto del Gobierno de Rodríguez Zapatero" hacia Andalucía, mientras que el presidente de la Junta "traga" y también "traiciona" el Estatuto para que el actual presidente español se mantenga en el sillón.

Asimismo, reprochó al PSOE que con todo lo que está cayendo en relación con la crisis económica y con los PGE plantee como iniciativas a debatir en el Pleno del Parlamento de la próxima semana las relativas a la dieta mediterránea y a la memoria histórica, asuntos que no están precisamente entre las preocupaciones de los andaluces en este momento. Por su parte, el PP, según recordó Sanz, defenderá sendas proposiciones no de Ley sobre el "incumplimiento del Estatuto en materia de cuantificación de la 'deuda histórica" y recurso ante la denegación por parte del Gobierno del anticipo para financiación sanitaria.

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