En algunas de las llamadas decía 'Gora ETA', según el fiscal
MÁLAGA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Málaga ha solicitado una pena de 18 meses de prisión para un trabajador de la UTE que se encargaba de las obras del AVE Córdoba-Málaga, al que acusa de hacer varias llamadas sin identificarse a varios organismos con amenazas falsas de bomba, incluso diciendo en algunas llamadas telefónicas 'Gora ETA'.
Según las conclusiones provisionales del fiscal, a las que tuvo acceso Europa Press, los hechos sucedieron entre los días 22 y 30 de enero de 2005. Así, el día 22 presuntamente llamó a las 21.15 horas al Servicio de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno en Málaga afirmando que "iban a explotar dos bombas en la explanada del Chorro de la vía del AVE".
El mismo día, la acusación pública entiende, según su escrito inicial, que realizó minutos después otras llamadas a la centralita del hospital de Antequera, ciudad en la que reside, y a Protección Civil de dicha localidad, donde dijo que iba a explotar un artefacto, añadiendo: "Gora ETA".
El primer aviso ya obligó a la paralización de las obras y la evacuación del personal de la zona, así como la intervención de las fuerzas de seguridad. Una vez se comprobó que no existían aparatos explosivos, se retiraron los dispositivos de seguridad y se pudieron reanudar las actuaciones, sobre las 04.20 horas, indica el documento.
Las llamadas se repitieron el día 24 de enero a las 20.26 horas y a las 23.35 horas; el 25 de enero sobre las 19.45 horas y las 23.58 horas, y el día 26 a las 00.16 horas. En estos días, incluido el 22, el acusado tenía horario de 22.00 a 06.00 horas, precisa el ministerio público.
Posteriormente, estuvo de descanso hasta el día 30, en que comenzó un nuevo turno con horario de 14.00 a 22.00 horas. En esta jornada, también se produjeron llamadas desde un teléfono móvil al Servicio de Emergencias 112 de Málaga, en concreto a las 13.01 y un minuto más tarde, que el fiscal achaca al acusado.
Para la acusación, los hechos constituyen un delito continuado de desórdenes públicos, por el que solicita los 18 meses de prisión. Además, insta a que indemnice a las empresas en la cantidad en que se tasen los perjuicios ocasionados.
