Piden dos años de cárcel para Oleguer Presas por herir a un policía tras salir de un bar de Sabadell (Barcelona) en 2003

Actualizado: viernes, 26 septiembre 2008 17:37

BARCELONA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide una pena de dos años de prisión para el ex jugador del Barça y actual futbolista del Ajax de Amsterdam Oleguer Presas por un delito de atentado contra la autoridad en un bar de Sabadell (Barcelona) en 2003. Durante una protesta por el cierre del bar Bemba, los clientes se enfrentaron a la Policía Local y tres de los agentes y algunos jóvenes resultaron heridos.

Según el escrito de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, Oleguer y dos jóvenes más, Lluís F.P. y Samuel R.R., son culpables de un delito de atentado con concurso ideal con una falta de lesiones. Otros ocho chicos serían responsables de un delito de atentado, por los que la Fiscalía pide un año y medio de prisión, según avanzó hoy el diario 'Avui'.

Además, el Ministerio Público solicita que los 11 imputados indemnicen con 6.402,09 euros al Ayuntamiento de Sabadell por los desperfectos en el mobiliario urbano. Además, pide que Oleguer indemnice con 450 euros al policía local que supuestamente hirió lanzándole una piedra, al tiempo que solicita que sus otros dos compañeros paguen 500 y 600 euros a otros dos agentes.

Los hechos se remontan a la madrugada del día 27 de septiembre de 2003, cuando la Policía Local, en colaboración con la Policía Nacional, detuvo a 11 jóvenes durante los disturbios ocasionados con motivo del cierre del bar Bemba, situado en el número 46 de la calle Concepció del centro de esta localidad.

El local tenía orden para cerrar a las 22 horas pero celebró una fiesta de despedida a la que acudieron centenares de personas. Sobre la una de la madrugada, la Policía Local recibió varias llamadas de vecinos que denunciaban el ruido que originaban los 200 jóvenes que ocupaban la calle, por los que varios agentes fueron al lugar acompañados del alcalde, Manuel Bustos (PSC), y los concejales de Recursos Humanos, Josep Ayuso, y el de Vía Pública, Paco Bustos --hermano del alcalde--.

Cuando llegaron, los jóvenes reaccionaron "de forma violenta" y empezaron a insultarles y a lanzarles piedras y botellas. Los policías hablaron con el dueño del local y éste accedió a cerrar el bar y se comprometió a hablar con los chicos para convencerles de que se fueran.

El grupo empezó a dispersarse pero algunos de ellos, entre los que se encontraba Oleguer y el resto de acusados, "mantuvieron una conducta hostil", lo que obligó a reforzar la presencia policial. Los jóvenes insultaron a los agentes y las autoridades, profirieron gritos como "gora ETA, puta Policía", realizaron gestos obscenos y algunos enseñaron el culo.

Los jóvenes que se resistían a disolverse --entre 15 y 20-- arrojaron ladrillos, piedras y bolsas de basura a los agentes, volcaron e incendiaron contenedores, golpearon coches cercanos y arrancaron señales de tráfico que, junto a contenedores, utilizaron para crear barricadas donde parapetarse.

La Fiscalía sostiene que Lluís F.P. alcanzó con una piedra a un agente en la rodilla y a otro en la muñeca, mientras que Oleguer Presas lanzó otra piedra que impactó en el codo de un policía local cuando se encontraban en la calle Corominas junto a la plaza Sant Jaume. Otros dos jóvenes, Francesc Xavier P.P., trataron de agredir a los agentes con sendas bicicletas.

Varios de los acusados y sus compañeros se refugiaron en un bar de la calle Sant Cugat y los agentes que entraron a detenerlos fueron recibidos "con una lluvia de vasos y botellas", por lo que esperaron a que llegaran los refuerzos de la Policía Nacional para desalojarlos por la fuerza. Durante la detención, Samuel R.R., propinó varias patadas y manotazos a uno de los agentes que trataba de arrestarlo.

Al día siguiente de los hechos, los arrestados denunciaron a ocho agentes de la Policía Local y otro de la Nacional, así como contra un intendente de este último Cuerpo policial, por amenazas, detención ilegal y coacciones. Sin embargo, el Ministerio Público ha solicitado el archivo provisional de estas diligencias al considerar que los policías emplearon "la mínima fuerza imprescindible".

Además, el fiscal entiende que las detenciones, "lejos de ser arbitrarias o al azar" como sostienen los jóvenes, se produjeron "conforme a derecho y a partir de un "puntual seguimiento en la calle y de pormenorizadas identificaciones". También sostiene que las lesiones que sufrieron los detenidos son consecuencia directa de "la severa hostilidad" que opusieron y que obligó a los agentes a actuar "conforme a la ley" en "un contexto de extraordinaria violencia".