Piden más transparencia y un supervisor independiente para acabar con el "clientelismo político" en los medios

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El "clientelismo político" y la "afinidad ideológica entre autoridades y operadores son particularmente importantes" en los medios regionales y locales españoles, según un informe llevado a cabo por la organización internacional Open Society Foundations (OFS), dedicada a promover los valores democráticos en todo el mundo. Como solución, han propuesto más transparencia en la otorgamiento de licencias y un supervisor independiente, entre otras medidas.

Esta es una de las recomendaciones incluidas en el trabajo 'Los medios digitales: España' realizado por la institución con un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y que ha sido presentado oficialmente este lunes en un acto organizado en Madrid por iCmedia, la Federación de Usuarios y Consumidores de los Medios.

"Los fuertes lazos entre los operadores históricos y las élites políticas han sobrevivido a la digitalización y han propiciado cambios reguladores que favorecen los intereses de los actores principales del mercado sobre los intereses del público", señala el informe, que destaca que este "clientelismo político" es especialmente importante "en los niveles regional y local".

En este sentido, el informe recomienda que los gobiernos estatales y autonómicos publiquen los criterios utilizados en cada proceso de concesión de licencias, de modo que cada concesión se tenga que justificar. También, para fomentar la transparencia, la institución recomienda que se den a conocer "los fondos públicos destinados a publicidad institucional y su distribución por cada medio".

Además, la OFS cree que "a corto plazo" el Congreso debería enmendar la ley que regula la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para introducir un sistema de nombramientos independientes, "que debería garantizar de manera real la independencia política del supervisor". Asimismo, opina que se debería crear un Comité Consultivo para asesorar en materias audiovisuales al departamento de la CNMC encargado de dichas cuestiones.

En general el informe aboga por promover consultas públicas más amplias y profundas sobre política audiovisual, con una nueva regulación sobre consultas públicas que fomente la participación de la sociedad civil en áreas tan conflictivas como las políticas de comunicación.

FALTA DE PLURALISMO Y DE VARIEDAD DE CONTENIDOS

En cuanto al panorama general de los medios en España, la institución señala que aunque, aparentemente, el despliegue de los medios digitales --tanto de la TDT como online-- ha aumentado "la capacidad de elección mediática", con más medios, en un examen detallado "esta relación positiva entre el número de medios y el pluralismo es menos clara", ya que los canales españoles de TDT están en manos sobre todo de operadores analógicos ya consolidados.

Una falta de pluralismo que el informe denuncia también en los contenidos. "La variedad brilla por su ausencia", señala el trabajo, que señala que el género informativo "está siendo arrinconando hacia el sector público". "En los operadores comerciales, los telediarios son casi el programa exclusivo del género informativo. Otros tipos de programas de informativos, como los debates, los documentales y las entrevistas en profundidad son prácticamente inexistentes", señala.

Para los investigadores, las mejoras potenciales en el pluralismo "se han visto obstaculizadas" por el impacto de la crisis económica desde 2008, que ha reducido drásticamente la inversión publicitaria -- ha caído casi a la mitad desde 2007--, por el "excesivo número de licencias adjudicadas" en la TDT en relación con el tamaño y los límites del mercado español, que han hecho "inviable el modelo de despliegue de la TDT en el ámbito estatal, regional y local" y por la "polarización ideológica".

"Como colofón a esta situación, la inexistencia de una autoridad reguladora independiente --incluida en la LGCA 2010, pero aún no establecida a fecha de octubre de 2012-- deja la responsabilidad o rendición pública de cuentas de los operadores directamente en las manos del gobierno", afirma el texto.