SANTANDER, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía solicita que se condene a un año y medio de prisión al conserje de un edificio, y otro tanto a su mujer, por falsificar un contrato privado de compraventa y quedarse así con el piso de uno de los vecinos del inmueble cuando éste falleció. Los hechos, ocurridos en el año 1998, serán juzgados hoy miércoles, a partir de las diez de la mañana, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.
Según explica el Ministerio Fiscal en su escrito de calificaciones, el matrimonio "con la idea preconcebida de obtener un beneficio económico ilícito", se ocupó durante unos meses del cuidado de uno de los residentes en el edificio, ya que la familia del hombre "no lo hacía".
El propietario del piso falleció en enero de 1998 y desde entonces la pareja, José Luis S.M. y Josefa P.M., ocupa la vivienda, ubicada en un edificio de apartamentos en la avenida Maura, en el Sardinero. Para ello, en fechas próximas al fallecimiento del hombre elaboraron un documento privado de compraventa, "fechado supuestamente el 1 de diciembre de 1997 e imitando la firma" del difunto, con lo cual privaron a los herederos de sus derechos.
La Fiscalía considera que los acusados han cometido un delito intentado de estafa, en concurso con otro de falsedad en documento privado y pide para cada uno de ellos 18 meses de prisión. Además, solicita que se declare la nulidad del contrato de compraventa y que el matrimonio indemnice a los herederos con el pago de un alquiler por todo el tiempo que han ocupado la vivienda, a razón de 500 euros mensuales para los primeros años y 600 euros mensuales a partir de 2003.
Por su parte, la acusación particular contratada por los herederos aprecia delitos de estafa, usurpación y hurto, por lo cual eleva sus peticiones y pide cuatro años y nueve meses de cárcel para cada uno de los integrantes de la pareja, multas por un total de 45.000 euros e indemnización de 600 euros mensuales en concepto de alquiler del piso. Además, reclaman unos 3.000 euros que, según la acusación, fueron retirados de la cuenta del fallecido días después de su muerte.
Según señala la acusación de los herederos -sobrinos del difunto, que no se enteraron de la muerte de su tío hasta dos años después del óbito-, en el contrato de compraventa supuestamente falsificado por los acusados se estipulaba un precio de 120.000 euros (20 millones de pesetas) para la vivienda, cuando su valor era de 175.000.
De los 20 millones de pesetas fijados como precio, cuatro se consideraban pagados por la atención prestada al hombre, 1,5 millones se debían pagar antes del 15 de diciembre de 1998 y los 14,5 millones de pesetas restantes se decían pagados en el momento de la firma, pero, según la acusación particular, en las cuentas bancarias del difunto no se registra la percepción de ese importe.
